Los 18 militares de la Brigada 15 del Ejército Nacional que se encontraban secuestrados por comunidades en Carmen del Atrato, Chocó, fueron dejados en libertad durante la noche de este lunes 22 de diciembre. Los uniformados habían sido retenidos en las últimas horas cuando estaban ejecutando un operativo contra la guerrilla del Eln.
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La noticia de su liberación fue confirmada por la Defensoría del Pueblo, que indicó que la mediación rindió frutos para resolver esta compleja situación de orden público.
“A esta hora ha iniciado el retorno a Quibdó de 18 integrantes del Ejército Nacional, desde zona rural de Carmen del Atrato, en Chocó. La Defensoría, junto con la Iglesia Católica, medió para permitir este proceso. Los soldados se encuentran en buenas condiciones de salud”m informó la Defensoría del Pueblo a través de su cuenta oficial en la red social X.
Gobernación del Chocó rechazó el secuestro
Más temprano, la Gobernación del Chocó había publicado un comunicado de prensa en el cual dio detalles del operativo militar que venían adelantando los uniformados y de las gestiones que estaban adelantando para dar con la liberación de los miembros de la Fuerza Pública.
“De acuerdo con los hechos expuestos en el Consejo, 18 soldados de la XV Brigada del Ejército Nacional que se encontraban en el legitimo ejercicio militar en desarrollo de una operación contra el GAO ELN, fueron interceptados por aproximadamente 200 integrantes de la guardia indígena Enrique Arce del Resguardo La Puria, enjurisdicción del municipio de El Carmen de Atrato. La comunidad ha alegado la presencia no autorizada de la fuerza pública en las inmediaciones del resguardo. Sin embargo, no existe en la nación ninguna normatividad que prohiba la presencia del Ejército de Colombia en los territorios nacionales bajo el ejercicio de operaciones legitimas de seguridad”, informó la Gobernación del Chocó en su comunicado de prensa.
Así mismo, indicó que según los primeros hallazgos, los soldados fueron despojados de su armamento oficial y los obligaron a identificarse en un video que fue publicado más tarde. Según la entidad regional, esto afectó gravemente su intimidad.
Tan graves fueron estos hechos que el Ejército tomó la decisión de radicar una denuncia ante la Fiscalía General de la Nación por los delitos de secuestro, violencia contra funcionario público, asonada y obstrucción a la función pública.
“Rechazamos de manera categórica todo acto que vulnere la Constitución Política de Colombia, los derechos humanos y el ejercicio legal de la Fuerza Pública. No existen territorios vedados para el ejercicio de la acción legitima del Estado colombiano, máxime cuando se trate de operaciones militares debidamente desplegadas para garantizar la seguridad nacional. El marco constitucional, y el derecho internacional humanitario no tienen ninguna ambigüedad en estos preceptos”, concluyó la Gobernación.