La economía colombiana atraviesa un momento de máxima incertidumbre tras la firma del decreto de emergencia económica. Lo que debería ser una hoja de ruta clara para cerrar el hueco fiscal de COP 16 billones de cara al presupuesto de 2026, se ha convertido en un “teléfono roto” ministerial que tiene a los ciudadanos y mercados en vilo por el futuro del Gravamen a los Movimientos Financieros (GMF), conocido popularmente como el 4x1.000.
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La vehemencia de Hacienda frente al 5x1.000
El ministro de Hacienda, Germán Ávila, salió al paso de los rumores con una postura categórica en entrevista con La W. Según el jefe de la cartera de las finanzas públicas, cualquier información sobre un incremento del impuesto al 5x1.000 es “totalmente falsa”.
Ávila defendió que la emergencia económica está “jurídicamente estudiada” y que el recaudo se centrará en los sectores con mayor capacidad contributiva. El plan de Hacienda se sostiene sobre dos pilares:
- Impuesto al patrimonio progresivo: Tarifas que inician en el 1 % para patrimonios superiores a los COP 3.600 millones y que podrían llegar hasta el 5 % para las grandes fortunas que superen los COP 100.000 millones.
- Sobre la banca: Una sobretasa de 10 puntos adicionales al impuesto de renta del sector financiero para equilibrar la carga fiscal.
La confirmación de Benedetti: El dato que desató el ruido
Sin embargo, la calma que intentó proyectar Ávila choca frontalmente con las declaraciones previas del ministro del Interior, Armando Benedetti. Días antes, el titular de la cartera política confirmó en rueda de prensa que el decreto —ya firmado por el presidente Gustavo Petro y todo su gabinete— sí contempla el aumento del 4x1.000 al 5x1.000.
Esta contradicción no es menor. El GMF es uno de los impuestos más “antipáticos” y sensibles, ya que castiga cualquier movimiento de dinero sin distinguir la capacidad económica del usuario. Además del polémico 5x1.000, Benedetti señaló que la emergencia incluye:
- IVA del 19 % para licores y juegos de azar online.
- Impuesto del 1 % a la extracción de carbón.
- Nuevos gravámenes a la gasolina y ajustes a las ganancias ocasionales.
El futuro en manos de la Corte Constitucional
El origen de este paquete de medidas excepcionales radica en el hundimiento de la ley de financiamiento en el Congreso. Ante la imposibilidad de una vía ordinaria, el Gobierno optó por la emergencia económica, una figura que ahora deberá superar el examen de la Corte Constitucional.
El alto tribunal evaluará si se cumplen los requisitos del artículo 215 de la Constitución. Mientras se produce el fallo —un proceso que podría tardar entre dos y cuatro meses—, los decretos entrarán en vigencia, afectando directamente el bolsillo de los colombianos. La pregunta que queda en el aire es: ¿Cuál de las dos versiones ministeriales reposa realmente en el documento que ya estudia la Corte?
La falta de alineación en el discurso oficial solo añade presión a un país que observa con cautela cómo se intentará tapar el millonario hueco fiscal del próximo año.