La justicia de El Salvador ha vuelto a sacudir la región con una serie de condenas que desafían la comprensión del tiempo. En un movimiento que refuerza la política de “mano dura” del gobierno actual, la Fiscalía General de la República (FGR) confirmó este domingo la sentencia de 248 miembros de la Mara Salvatrucha (MS-13), destacando el caso de un pandillero condenado a permanecer 1,335 años tras las rejas.
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Esta resolución judicial no es un hecho aislado, sino el resultado de un proceso masivo contra la estructura criminal denominada “clica TLS”, que operaba con impunidad en el departamento de La Libertad. Según los reportes oficiales, los crímenes procesados abarcan un periodo de ocho años, entre 2014 y 2022.
Crímenes que estremecieron a la sociedad
La magnitud de las penas responde a la gravedad y cantidad de los delitos acumulados. Entre los casos que la Fiscalía presentó ante los tribunales se encuentran 43 homicidios y 42 desapariciones forzadas. Entre las víctimas que hoy reciben justicia se encuentran una futbolista y un estudiante universitario, crímenes que en su momento generaron una gran indignación nacional.
Además de los asesinatos, la estructura criminal mantenía un control férreo sobre la economía local en La Libertad. “Crearon bases en diferentes sectores que eran utilizadas para planificar actos delictivos”, señaló el ente judicial. Las investigaciones revelaron un esquema sistemático de:
- Extorsión: Comerciantes obligados a pagar cuotas bajo amenaza de muerte.
- Narcotráfico: Control de rutas y puntos de venta de droga.
- Invasión de viviendas: Despojo de hogares a familias trabajadoras para convertirlos en refugios de delincuentes.
El Régimen de Excepción: Éxito estadístico y cuestionamiento humanitario
Desde marzo de 2022, el presidente Nayib Bukele ha impulsado un régimen de excepción que ha permitido la captura de más de 90.000 personas. Esta estrategia ha logrado reducir los índices de homicidios a mínimos históricos, transformando la percepción de seguridad en el país centroamericano y convirtiendo a El Salvador en un referente para gobiernos vecinos como el de Costa Rica.
Sin embargo, el camino no ha estado exento de controversia. Organizaciones como Socorro Jurídico Humanitario denuncian que, bajo este marco legal que permite arrestos sin orden judicial, se han cometido abusos. Se estima que unas 8.000 personas han sido liberadas tras comprobarse su inocencia, pero el costo humano ha sido alto: se reportan al menos 454 muertes bajo custodia estatal desde que inició la medida.
Un mensaje para la región
Las condenas de 958, 880 y hasta 739 años impuestas a otros diez cabecillas de la MS-13 envían un mensaje contundente sobre la política de cero tolerancia. Mientras las familias de los detenidos que claman inocencia piden declarar “inconstitucional” el régimen de excepción ante la Corte Suprema, el modelo de Bukele sigue ganando tracción internacional, exportando su experiencia en el combate a las pandillas y su sistema de megacárceles (Cecot) como la solución definitiva al crimen organizado.