El presidente Gustavo Petro utilizó sus canales oficiales este domingo para realizar un balance crítico sobre la situación judicial de su exministro de Hacienda, Ricardo Bonilla, y la actual política monetaria del país. En un pronunciamiento que combina la defensa técnica con el reproche político, el mandatario vinculó el proceso penal contra su excolaborador con una supuesta resistencia de sectores financieros a sus propuestas de reforma.
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La declaración surge tras la decisión judicial de dictar medida de aseguramiento contra Ricardo Bonilla, investigado por su presunta participación en el direccionamiento de contratos en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (UNGRD). Según el jefe de Estado, la acusación se fundamenta en el testimonio de María Alejandra Benavides, exasesora de la cartera de Hacienda, a quien Petro calificó como una ficha de sectores de oposición.
Petro sostuvo que Bonilla fue víctima de un engaño por parte de funcionarios que venían de administraciones anteriores. “A Bonilla lo engañaron los adoradores de Uribe”, afirmó el presidente, quien también extendió la crítica a los sectores denominados de “centro” que formaron parte de su gabinete inicial.
Según su visión, estos funcionarios no se articularon con el programa de gobierno ganador en las urnas, sino que se dedicaron a “sabotearlo” desde el interior de las instituciones.
En este contexto, el mandatario lanzó una dura autocrítica sobre su gestión inicial. Calificó como “el peor error” de su gobierno la designación de un integrante en la Junta Directiva del Banco de la República, sugerido, según él, por su primer ministro de Hacienda, José Antonio Ocampo. .
Tensiones con el Banco de la República
La postura del presidente no se limitó al ámbito judicial. Cuestionó la decisión de la Junta Directiva del Banco de la República de mantener estables las tasas de interés, argumentando que, ante la baja de la inflación y las tendencias en mercados como Estados Unidos o el Reino Unido, la postura del banco central colombiano podría generar una “revaluación peligrosa” del peso.
Para el mandatario, la política del Emisor responde a intereses del capital financiero y no a las necesidades del “pueblo trabajador”. Con estas declaraciones, el Ejecutivo marca una distancia profunda con la autonomía de la autoridad monetaria y refuerza su narrativa de que existe una persecución judicial contra los economistas que intentan aplicar modelos alternativos en el país.