La Fiscalía General de la Nación obtuvo elementos materiales probatorios que dan cuenta del posible origen ilícito y del uso ilegal de un conjunto de bienes que pertenecerían a integrantes y personas cercanas al grupo delincuencial organizado ‘Rastrojos Nueva Generación’, con injerencia en varios municipios del norte de Valle del Cauca.
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Los activos, cuyo valor supera los 7.000 millones de pesos, habrían sido adquiridos con recursos provenientes de homicidio agravado, secuestro extorsivo, desaparición forzada, tráfico de estupefacientes, microtráfico, amenazas contra defensores de derechos humanos y concierto para delinquir agravado.
De acuerdo con la investigación las propiedades estarían a nombre de terceros, quienes no registran actividad económica ni ingresos formales para justificar la adquisición y sostenimiento del patrimonio.
En ese sentido, un fiscal de la Dirección Especializada de Extinción del Derecho de Dominio impuso medidas cautelares de suspensión del poder dispositivo, embargo y secuestro sobre 38 bienes, entre inmuebles urbanos y rurales, apartamentos, lotes, establecimientos de comercio, vehículos, motocicletas y semovientes, ubicados en El Dovio, Ginebra, Pradera, El Cerrito y Dagua (Valle del Cauca), así como en El Tambo y Buenos Aires (Cauca).
Afectada estructura delincuencial involucrada en hurtos a viviendas en Villavicencio
Siete presuntos integrantes de un grupo delincuencial conocido como Los Rapaces que estarían involucrados en hurtos a viviendas registrados en diferentes sectores de Villavicencio (Meta), fueron judicializados.
Según la investigación adelantada, los procesados estarían involucrados en, al menos, 11 asaltos cometidos entre mayo de 2024 y julio del 2025, en los que se apoderaron de dinero en efectivo, relojes, joyas, portátiles, juegos, televisores entre otros elementos, avaluados en más de 500 millones de pesos.
Se trata de Camilo Andrés Gómez Hernández, Eliana Marcela González Murcia, Jarly Norbey Correa Ramón, Marlon Yesid Soler Sánchez, Iván Santiago González Guevara, Ariel Camilo García Salgado y Óscar Sebastián Santiago Vega, quienes fueron imputados, de acuerdo con su responsabilidad individual, por los delitos de hurto calificado y agravado y concierto para delinquir.
En audiencias concentradas no aceptaron cargos. Por disposición de un juez de control de garantías cinco de los procesados fueron afectados con medida de aseguramiento en establecimiento carcelario y dos de detención en lugar de domicilio.