Lo que debía ser la culminación de un año escolar para 35 estudiantes de la Escuela Provincial de Comercio N.º 19 en Eldorado, Misiones, se transformó en una crisis que hoy se lleva en los tribunales argentinos.
Romina Enríquez, la madre encargada de guardar los fondos para la cena de graduación de su propia hija y sus compañeros, enfrenta una investigación penal tras admitir que utilizó el dinero recaudado en apuestas de casino.
Durante ocho meses, las familias realizaron aportes mensuales cercanos a los 68.000 pesos argentinos. El objetivo era cubrir un presupuesto de 17.500.000 pesos argentinos (aproximadamente más de 44 millones de pesos colombianos) que garantizaría el salón, el catering y la música para la noche. Sin embargo, la incertidumbre comenzó cuando los proveedores notificaron la falta de pagos. Según la denuncia, solo se había abonado una pequeña fracción del total, dejando una deuda de más de 8 millones de pesos a pocos días del evento.
La situación tomó un giro definitivo cuando, ante la presión de los padres, Enríquez envió un mensaje de texto donde reconoció la situación. “Tengo un problema con el casino y se me fue de las manos”, habría manifestado la mujer, vinculando el faltante de dinero a una patología de juego.
Su abogado presentó un certificado psiquiátrico que acredita un diagnóstico de ludopatía, solicitando reposo domiciliario mientras se cursa el tratamiento médico. Por su parte, el abogado de las familias afectadas, Ramón Mercado, calificó el hecho como una de las estafas más significativas registradas en la localidad, dado el impacto emocional y económico en la comunidad.
A pesar del perjuicio financiero, el aspecto humano prevaleció entre los estudiantes. En un gesto de solidaridad que llamó la atención de las autoridades locales, los jóvenes decidieron que la hija de la acusada asistiera a la fiesta de graduación. Los padres coincidieron en que la menor no debía ser excluida por las acciones de su madre.
Gracias a la intervención de la intendencia local y a un nuevo esfuerzo económico de los tutores, la celebración pudo llevarse a cabo. Mientras tanto, la justicia de Misiones continúa con las diligencias para determinar la cuantía exacta del daño y la responsabilidad penal de Enríquez en el manejo de los activos escolares.