La tensión política en Colombia ha escalado a un nuevo nivel. Tras días de incertidumbre, el ministro del Interior, Armando Benedetti, confirmó desde la Casa de Nariño que el decreto de Emergencia Económica ya cuenta con la firma de todo el gabinete ministerial. Según el funcionario, el documento fue radicado este viernes, marcando el inicio de una estrategia para cubrir el hueco económico en el presupuesto de 2026.
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El anuncio llega en un momento crítico, con el Congreso señalado por el Ejecutivo como el responsable de la crisis tras negar la Ley de Financiamiento. Benedetti fue claro y mencionó que el objetivo principal es evitar que el mundo pierda la confianza y garantizar que el país pueda pagar las deudas.
El panorama fiscal de Colombia ha dado un giro definitivo tras las declaraciones del ministro del Interior, Armando Benedetti. En una rueda de prensa desde la Casa de Nariño, el funcionario confirmó que el gabinete ministerial ya firmó el decreto que declara el Estado de Emergencia Económica, una medida excepcional con la que el Gobierno Nacional busca sortear el bache presupuestal tras el fracaso de la reforma tributaria en el Congreso.
El foco en los “megarricos” y el “alivio” a la clase media
Una de las declaraciones más enfáticas del ministro buscó disipar los temores sobre un nuevo golpe al bolsillo de los ciudadanos comunes. Benedetti aseguró que la arquitectura del decreto está diseñada para captar recursos exclusivamente de los sectores con mayores capitales del país.
“Básicamente, se hace con la estructura de ponerles impuestos a los megarricos y no como han dicho la oposición y los empresarios, que es a la clase media”, subrayó el ministro a las afueras del Palacio.
Para el Gobierno, esta medida es la única tabla de salvación para proteger no solo la estabilidad, sino también los grandes proyectos de infraestructura. Según el jefe de la cartera política, sin estos fondos el Estado se vería obligado por la Constitución a priorizar el pago de la deuda externa, dejando sin financiación las vías 4G y otras obras civiles de gran magnitud.
La Corte Constitucional bajo presión
A pesar de la urgencia del Gobierno, el decreto enfrenta un camino espinoso. Aunque el país se encuentra en vacancia judicial (el descanso anual de los tribunales), la gravedad de la situación ha provocado movimientos inusuales. Se conoció que el presidente de la Corte Constitucional, Jorge Enrique Ibáñez, estaría considerando citar a una sesión extraordinaria para analizar la legalidad del decreto.
Hasta el momento de escribir esta nota no se ha confirmado en su totalidad esto, Benedetti es el único que se ha pronunciado, sin embargo mientras la Corte no se pronuncie, el decreto tiene fuerza de ley y el presidente Gustavo Petro podrá ejecutar las medidas que allí se consignen. No obstante, congresistas y gremios económicos ya preparan una batería de demandas, argumentando que no existen los “hechos sobrevinientes” que exige la ley para saltarse el debate en el Congreso.
¿Es un presupuesto para el futuro?
El presidente Gustavo Petro ha defendido la medida en sus redes sociales, insistiendo en que los 16 billones de pesos son indispensables. Un detalle político que destaca es que, según el mandatario, la mayor parte de este presupuesto no será ejecutado por su administración, sino por el gobierno que lo suceda en 2026, lo que plantea un debate sobre la responsabilidad fiscal a largo plazo.