En una decisión sin precedentes dentro de la justicia transicional colombiana, la Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) ha dictado una sentencia condenatoria de 20 años de prisión contra el coronel retirado Publio Hernán Mejía Gutiérrez. El alto oficial, quien fuera comandante del Batallón ‘La Popa’ en Valledupar, fue hallado responsable de un patrón sistemático de crímenes de lesa humanidad y crímenes de guerra.
Le puede interesar: Cae red trasnacional de explotación infantil: Operativo masivo en Colombia y 5 países más
Tras un exhaustivo Juicio Adversarial de ocho meses, que incluyó el análisis de más de 329.000 folios y el testimonio de 54 testigos, la Sección de Ausencia de Reconocimiento de Verdad concluyó que Mejía lideró un “Ilegal Aparato Organizado de Poder”. Bajo su mando, se ejecutaron 35 hechos criminales que resultaron en el asesinato de 72 personas, presentadas ilegítimamente como bajas en combate.
Radiografía del horror: El patrón de la “seguridad ficticia”
La magistratura determinó que las víctimas, entre las que se encontraban campesinos, jóvenes desempleados, indígenas y afrodescendientes, no fueron casos aislados. Los crímenes se cometieron bajo tres modalidades delictivas que demuestran la degradación del conflicto en el norte del Cesar y sur de La Guajira:
- Alianza paramilitar: El Batallón ‘La Popa’ coordinó acciones con el frente ‘Mártires del Cesar’ de las AUC, bajo el mando de alias ‘39’, para recibir cuerpos de civiles asesinados o personas retenidas ilegalmente.
- Ejecuciones directas: Miembros de la fuerza pública, bajo el mando de Mejía, señalaron y asesinaron directamente a civiles.
- Infracciones al DIH: Se documentó la ejecución de combatientes heridos y la simulación de combates tras asesinar a personas que ya habían depuesto sus armas.
El fallo subraya que estos actos buscaban sostener una “percepción artificial de seguridad”, premiando a los uniformados con incentivos y felicitaciones basados en el conteo de cuerpos, una doctrina que privilegió la muerte sobre el éxito operativo real.
Reparación y perdón: Las órdenes de la JEP
Más allá de la pena privativa de la libertad, que Mejía deberá cumplir en un establecimiento militar, la JEP ha emitido órdenes contundentes para restaurar la dignidad de las víctimas:
- Revocatoria de condecoraciones: El Ministerio de Defensa deberá retirar todos los honores otorgados al coronel (r) en virtud de estos resultados fraudulentos.
- Acto público de perdón: Se ordena un evento en Valledupar con la presencia del Ministro de Defensa y la cúpula militar para pedir perdón a las familias de las víctimas.
- Búsqueda de desaparecidos: La Unidad de Búsqueda (UBPD) deberá agilizar la localización e identificación de personas como Édgar Beltrán Hurtado y otros cuerpos no identificados.
Fin de la impunidad y nuevas investigaciones
Con esta sentencia, las condenas previas de la justicia ordinaria contra Mejía quedan sin efectos, unificándose en el marco de la JEP. Sin embargo, el tribunal no se detiene aquí: se ha ordenado compulsar copias para investigar a jueces de instrucción penal militar, fiscales y otros altos oficiales que pudieron haber actuado en complicidad o por omisión.
Este fallo envía un mensaje poderoso al país y al mundo sobre la efectividad de la justicia transicional cuando no hay reconocimiento de verdad, reafirmando que el camino hacia la paz exige una rendición de cuentas ineludible por las violaciones a los derechos humanos.