En una decisión que sacude los cimientos del panorama político nacional, una magistrada del Tribunal Superior de Bogotá, con funciones de control de garantías, impuso medida de aseguramiento en centro carcelario contra los exministros de Hacienda, Ricardo Bonilla González, y del Interior, Luis Fernando Velasco Chaves.
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La medida responde a la contundencia de las pruebas presentadas por la Fiscalía General de la Nación, que vinculan a los exfuncionarios con una red de direccionamiento irregular de contratos que buscaba, presuntamente, comprar apoyos políticos en el Congreso de la República.
El “Modus Operandi”: Contratos a cambio de votos
Según la investigación de los fiscales delegados ante la Corte Suprema de Justicia, Bonilla y Velasco no solo habrían asistido a reuniones clandestinas, sino que habrían dado órdenes directas para que proyectos de inversión en el Instituto Nacional de Vías (Invías) y en la Unidad Nacional para la Gestión del Riesgo de Desastres (Ungrd) fueran entregados a congresistas específicos.
El objetivo era claro: garantizar que las reformas e iniciativas del Gobierno Nacional recibieran el respaldo necesario en el Legislativo. La Fiscalía identificó tres momentos clave en esta trama de corrupción:
- La ofensiva de 2023: Entre junio y septiembre de ese año, se habrían intervenido indebidamente 79 contratos (74 en Invías y 5 en la Ungrd) por un valor astronómico de $612.237 millones. Siete de estos negocios jurídicos se concretaron bajo los intereses de los exministros.
- Mitigación de emergencias bajo sospecha: Entre septiembre y diciembre de 2023, la lupa se puso sobre tres contratos en Arauca, Córdoba y Bolívar por $86.619 millones. Aunque no se concretó el direccionamiento, la Fiscalía señala que los congresistas beneficiados aprobaron a cambio 17 notas crédito de endeudamiento a favor del Gobierno.
- El caso Sahagún: El último episodio ocurrió entre noviembre de 2023 y marzo de 2024, relacionado con un contrato de $35.000 millones en Sahagún (Córdoba), destinado a favorecer a personas afines a un senador de la Comisión Primera.
Cargos y delitos imputados
Pese a la gravedad de los señalamientos y el material probatorio que incluye seguimientos y testimonios, tanto Ricardo Bonilla como Luis Fernando Velasco no aceptaron los cargos imputados por el ente acusador. Los delitos por los que deberán responder desde la cárcel son:
- Concierto para delinquir agravado.
- Interés indebido en la celebración de contratos.
- Cohecho por dar u ofrecer.
Impacto en la institucionalidad
Esta decisión judicial marca un hito en la lucha contra la corrupción administrativa en las altas esferas del poder. La macroinvestigación sugiere que los recursos destinados a la gestión del riesgo y la infraestructura vial fueron utilizados como moneda de cambio política, afectando la transparencia de las instituciones.
La magistrada determinó que la medida en centro carcelario es necesaria dada la gravedad de los delitos y el riesgo que representa para el proceso que los implicados permanezcan en libertad. Mientras tanto, el país observa con atención el desarrollo de este proceso que promete revelar más nombres involucrados en la red de la Ungrd e Invías.