Con aplausos, cánticos y pancartas, los estudiantes y activistas que asistían ayer a la plenaria de la Cámara de representantes celebraron una histórica decisión para las universidades públicas del país. 116 votos a favor y ninguna en contra definieron la esperada reforma a los artículos 86 y 87 de la Ley 30 de 1992, que desde hace décadas tenía a elas Instituciones de Educación Superior (IES) del Estado en un preocupante déficit financiero.
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Estos dos artículos establecían que el aumento del presupuesto universitario lo definía el aumento del Índice de Precios al Consumidor. Sin embargo, sus opositores alegaban que esta ‘fórmula’ ignoraba el crecimiento real de las universidades y favorecía su desfinanciamiento. Según cálculos del Sistema Universitario Estatal (SUE), el déficit presupuesta alcanza los 17 billones de pesos.
De hecho, varios paros estudiantiles, como los de 2018 y 2019, han exigido la reforma a esta ley, pero múltiples proyectos para lograrlo se han hundido en el Congreso. Ahora, solo queda la firma del presidente Gustavo Petro para que sea una realidad.
¿Qué modifica la ley?
Esta reforma impulsa un cambio en la forma en que se calcula el monto que deben recibir las universidades. Ahora, en vez del IPC, cuyo aumento no correspondía con el incremento en los costos de funcionamiento de una institución, el presupuesto que destine el gobierno estará dictado por el Índice de Costos de la Educación Superior (ICES), calculado por el DANE. Este refleja la variación de costos como matrículas, salarios, inversión, etc., por lo que su incorporación en el calculo ayuda a corregir el desfase actual con el IPC.
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“Los nuevos recursos estarán orientados a ampliar el acceso, garantizar la permanencia y promover la graduación de estudiantes; fortalecer el bienestar universitario; mejorar las condiciones de la planta docente y administrativa; impulsar proyectos de infraestructura; y cerrar brechas territoriales y sociales que históricamente han limitado las oportunidades de miles de jóvenes”, afirma la página presidencial.
Otros cambios
Con la reforma también se pretende que los aportes de la Nación a las IES públicas lleguen a un porcentaje no inferior al 70 % del crecimiento real del Producto Interno Bruto (PIB), frente al 30 % establecido anteriormente. Igualmente, se contempla asignar a las Instituciones Técnicas Profesionales, Tecnológicas y Universitarias (ITTU) recursos permanentes equivalentes al 0,05 % del PIB del año anterior.
Los dineros previstos en la reforma provendrán del Marco Fiscal de Mediano Plazo y estarán vinculados al crecimiento económico, sin contemplar la creación de nuevos impuestos para la ciudadanía.
Según la Presidencia, el objetivo a largo pazo es alcanzar una inversión equivalente al 1 % del Producto Interno Bruto (PIB) en educación superior pública, acercando a Colombia a los estándares internacionales y a los promedios de países de la OCDE. Actualmente, ese porcentaje está en 0,54 %.