Este sábado 13 de diciembre la Fiscalía General de la Nación publicó un comunicado de prensa en el cual dio detalles de la desarticulación de una red presuntamente vinculada al contrabando de productos provenientes de Asia. Como resultado, fueron judicializados seis ciudadanos chinos y dos colombianos.
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En su boletín de prensa, el ente investigador advirtió que la identificación de este presunta organización delictiva estuvo a cargo de la Dirección Especializada contra los Delistos Fiscales en articulación con la Dijin – Interpol de la Policía Nacional.
De acuerdo con la información entregada por las autoridades, la supuesta red de contrabando no solo se encargaba de ingresar la mercancía a Colombia, sino que también coordinaba su posterior comercialización.
“Los elementos materiales probatorios indican que cargamentos de textiles, confecciones y otros artículos entraban de manera ilegal por el puerto de Buenaventura (Valle del Cauca), eran trasladados en tractocamiones a zonas de comercio de Bogotá y vendidos, mediante siete sociedades, a mayoristas y otros distribuidores que se encargaban de ponerlos en diferentes puntos. Seis ciudadanos chinos y dos colombianos que harían parte de la organización delincuencial fueron capturados en diligencias realizadas en Bogotá y Cali (Valle del Cauca)”, puntualizó en la Fiscalía en su comunicado de prensa.
Las personas judicializadas no aceptaron cargos
Entre tanto, el ente investigador señaló que tras presentar a las ocho personas señaladas por estos hechos, les imputó, según sus responsabilidades individuales, los delitos de favorecimiento y facilitación del contrabando, concierto para delinquir, enriquecimiento ilícito de particulares y lavado de activos. Sin embargo, la Fiscalía advirtió que estas personas no aceptaron los cargos.
“Los investigados son: Liwei Chen, Meimei Zhu, Yilei Qiu, Kaman Qiu, Fujun Xia, Feisen Chen, Yovany Andrés Álvarez Quintero y Luisa Fernanda Coba Sierra. A los hoy procesados se les habría realizado nueve aprehensiones de mercancía de contrabando por un valor aproximado de 9.137 millones de pesos”, advirtió la entidad investigadora.
Pero quizás uno de los datos más relevantes de la investigación tiene que ver con la supuesta intención de algunos investigados de darles apariencia legal a 71.562 millones de pesos que tendrían un origen ilícito. Además registraron un presunto incremento patrimonial injustificado de 2.696 millones de pesos.