La Fiscalía General de la Nación confirmó este miércoles la emisión de una orden de captura por el delito de genocidio contra Néstor Gregorio Vera Fernández, alias Iván Mordisco, y otros presuntos jefes del autodenominado Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc. La decisión judicial se relaciona con un patrón sistemático de criminalidad dirigido contra el pueblo indígena nasa en el departamento del Cauca.
La fiscal general, Luz Adriana Camargo, anunció que la solicitud formal ante un juez se sustentó en una investigación que identifica un patrón sistemático de criminalidad contra líderes y miembros de la comunidad nasa. La indagación, coordinada por la Vicefiscalía General, la Dirección Especializada contra las Violaciones a los Derechos Humanos, la Dirección Seccional Cauca y la Unidad Especial de Investigación (UEI), determinó que las conductas documentadas en el territorio “minan la existencia de la comunidad nasa”, según declaraciones de Camargo.
Sobre la investigación
El proceso investigativo incluyó el despliegue de analistas criminales, antropólogos y expertos en atención a víctimas, quienes realizaron acercamientos con la comunidad nasa para comprender su estructura, prácticas culturales y visión territorial. Estos insumos permitieron a la Fiscalía identificar un esquema de violencia dirigido contra autoridades ancestrales, líderes comunales y otros representantes indígenas.
Los elementos probatorios presentados señalan a 32 hechos delictivos asociados a homicidios, tentativas de homicidio y desplazamiento forzado. El ente acusador sostiene que 43 personas han sido víctimas desde 2022, de las cuales 16 son comuneros, 14 líderes y dignatarios de la comunidad, ocho firmantes del Acuerdo de Paz y cinco sabedores ancestrales.
Cabecillas señalados y alcance territorial
La orden de captura, además de alias Iván Mordisco, incluye a Óscar Eduardo Sandoval Noscué, alias Andrés o El Mocho, y a otros cabecillas. La Fiscalía atribuye estos hechos al Frente Dagoberto Ramos del EMC, el cual tiene presencia en los municipios de Caldono, Santander de Quilichao, Caloto, Corinto, Toribío, Miranda, Páez y Jambaló, en el norte y oriente del Cauca.
Según la tesis de la Fiscalía, las conductas violentas documentadas corresponderían a un esquema de intimidación y control territorial promovido por los máximos jefes del grupo armado. El objetivo sería lograr el dominio sobre las comunidades indígenas y obstaculizar su resistencia frente a economías ilegales, lo que constituye un “cumplimiento de un exterminio” contra la población nasa.
La investigación se centró en caracterizar a las víctimas y los hechos violentos ocurridos en la zona. La solicitud judicial formal presentada por un fiscal de la UEI derivó en la orden de captura contra los 14 presuntos responsables, quienes serán imputados por genocidio, homicidio agravado, tentativa de homicidio y desplazamiento forzado.