La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente al excanciller Álvaro Leyva Durán por el delito de prevaricato por acción en concurso homogéneo, en una audiencia que se llevó a cabo este martes, 9 de diciembre, ante el Tribunal Superior de Bogotá. El caso se relaciona con las presuntas irregularidades cometidas durante la licitación para la fabricación y distribución de los pasaportes colombianos.
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El cargo de la Fiscalía y la negativa del Excanciller
El ente acusador sostiene que Leyva, quien ejerció como titular de Relaciones Exteriores en el gobierno de Gustavo Petro, tomó decisiones que considera “abiertamente contrarias a la ley” e intervino de manera directa en la licitación pública 001 de 2023, pese a que la competencia legal para dirigir el proceso recaía en la Secretaría General del Ministerio.
La fiscal del caso, Sandra Portilla, argumentó que Leyva presuntamente desvió y abusó del poder que le confería su cargo al reasumir el control del trámite con el propósito de impedir la adjudicación del contrato a la oferta que había sido evaluada y habilitada. Según la Fiscalía, esta actuación habría alterado el curso normal de la contratación y no respondió a criterios de legalidad.
Durante la diligencia, al ser consultado por la magistrada Alejandra Ardila sobre si aceptaba o no los cargos imputados, el excanciller Leyva negó su responsabilidad en el delito señalado.
La Fiscalía General de la Nación indicó en un comunicado que, en ejercicio de su cargo, Leyva Durán habría emitido tres actos administrativos contrarios a la ley para obstruir la licitación 001 de 2023, cuyo objeto era la expedición, almacenamiento y entrega de libretas de pasaportes hasta el 31 de julio de 2026, por un valor de 559.000 millones de pesos colombianos.
La entidad señaló que inicialmente el comité evaluador recomendó entregar el contrato a una unión temporal que superó el proceso de calificación y cumplió los requerimientos exigidos. Sin embargo, el 13 de septiembre de 2023, Leyva Durán expidió la Resolución 7485, por medio de la cual declaró desierta la licitación con el argumento de que se presentó un solo oferente.
El comunicado enfatizó en que para la fiscal delegada que dirige la investigación, el excanciller puso en riesgo la emisión de pasaportes y violó el derecho de los ciudadanos a salir e ingresar del país libremente.
Los argumentos de la defensa de Leyva
La imputación se centra en tres actos administrativos supuestamente expedidos de forma irregular que llevaron a la suspensión de la licitación y, posteriormente, a su declaración de desierta en septiembre de 2023. El proceso involucraba a la firma Thomas Greg & Sons, cuya propuesta superaba los 600.000 millones de pesos de pesos colombianos.
La Fiscalía citó el artículo 24 de la Ley 80 de 1993, afirmando que el excanciller vulneró principios esenciales de la contratación estatal, como la transparencia y la objetividad, actuando “con desviación y abuso del poder”. La delegada del ente investigador detalló que el delito se habría cometido “con conocimiento y con voluntad; es decir, con dolo directo”.
El abogado de Leyva, Roberto Badel García, aseguró en una declaración posterior a la audiencia que los actos administrativos investigados por la Fiscalía buscaban garantizar la “pluralidad” de ofertas para el contrato de pasaportes.
Este mismo escándalo ya le había merecido al excanciller una sanción disciplinaria por parte de la Procuraduría General de la Nación, que lo destituyó e inhabilitó por un período de diez años por declarar desierta la licitación sin el fundamento legal.
Leyva no es el único bajo la lupa. La misma entidad de control mantiene investigaciones abiertas en contra de otras figuras, como Laura Sarabia, Alfredo Saade y Luis Gilberto Murillo.
Frente al delito de prevaricato por acción en Colombia, las penas de prisión asociadas son significativas, de entre 48 y 144 meses (de 4 a 12 años). Adicionalmente, este delito conlleva la inhabilidad para ejercer cargos públicos por el mismo periodo de tiempo.