El gobierno de Estados Unidos anunció este viernes la inclusión de cuatro ciudadanos colombianos y tres empresas del país, además de una firma panameña, en la Lista Clinton, al encontrarlos vinculados con una red internacional dedicada al reclutamiento de exmilitares colombianos para combatir en la guerra de Sudán. Según el Departamento del Tesoro, la operación facilitaba el envío de cientos de hombres hacia el conflicto, donde terminaron integrándose a las Fuerzas de Apoyo Rápido (RSF), un grupo paramilitar señalado de cometer violaciones de derechos humanos y financiado parcialmente por Emiratos Árabes Unidos.
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Los colombianos sancionados son Mateo Andrés Duque Botero, Mónica Muñoz Ucros, Claudia Viviana Oliveros Porero y Álvaro Andrés Quijano Becerra. Estos últimos dos, pareja y residentes en Emiratos Árabes Unidos, son considerados piezas clave en el entramado. De acuerdo con la investigación, Álvaro Andrés Quijano operaba desde ese país, coordinando parte del esquema que utilizaba empresas fachada en Colombia y Panamá para mover personal hacia Sudán.
Entre las compañías incluidas en la Lista Clinton se encuentra International Service Agency, señalada por ser el puente principal para reclutar exmilitares en Colombia. A esta se suman Comercializadora San Benito y Main Global Corp SAS, que, según el Tesoro, participaron en la logística del traslado y contratación irregular de combatientes. Asimismo, fue sancionada la empresa panameña Talent Bridge S.A., pieza fundamental en la triangulación que terminaba enviando a los reclutados a territorio sudanés.
Un esquema internacional para alimentar una guerra devastadora
Las autoridades estadounidenses revelaron que desde septiembre de 2024, “cientos” de exmilitares colombianos han llegado a Sudán para unirse a las RSF. Los combatientes han participado en enfrentamientos en Jartum, Omdurmán, Cordofán y El Fasher, zonas gravemente afectadas por la intensificación del conflicto, que ya constituye una de las peores crisis humanitarias del mundo.
El Departamento del Tesoro enfatizó que esta red no solo lucraba con la contratación de personal colombiano, sino que también contribuía indirectamente a fortalecer a un actor armado responsable de masacres, desplazamientos masivos y violaciones al derecho internacional humanitario. Por ello, la sanción implica bloqueo de activos en Estados Unidos, prohibición de transacciones y restricciones financieras para todos los individuos y empresas implicadas.
Un golpe a la contratación ilegal de exmilitares
Washington ha incrementado en las últimas semanas sus acciones diplomáticas y económicas para frenar la escalada del conflicto y desarticular las fuentes de apoyo externo a las RSF. La inclusión de estas empresas y ciudadanos colombianos en la Lista Clinton representa, según el Tesoro, un paso clave para dificultar los mecanismos que permitían movilizar combatientes extranjeros hacia una guerra que ha dejado miles de muertos y millones de desplazados.
Con esta decisión, las autoridades estadounidenses envían un mensaje directo a redes de reclutamiento que operan en América Latina, recordando que cualquier vínculo con la contratación irregular de mercenarios puede derivar en sanciones severas y consecuencias penales internacionales.