Un proyecto de decreto publicado por el Ministerio de Hacienda prendió las alarmas de la Federación de Aseguradores de Colombia (Fasecolda) y la Asociación Colombiana de Administradoras de Fondos de Pensiones y Cesantías (Asofondo) por las dificultades en el acceso a pensión que afirman que podría causar. Ambas asociaciones aseguraron en un comunicado que “más de 20 millones de colombianos podrían verse afectados” por las medidas que detalla el borrador.
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El proyecto de Minhacienda busca modificar los términos del ‘deslizamiento del salario mínimo’, un mecanismo que garantiza que las pensiones de la población más vulnerable crezcan a la par que aumenta el salario mínimo. El cambio pretendería que el Estado deje de asumir una parte del ajuste (que también incluye a la inflación y el aumento de productividad) y llevaría a las aseguradoras a requerir más dinero, lo que afectaría al afiliado que necesitaría tener un ahorro mayor.
Además, según Fasecolda y Asofondos, “las pensiones de invalidez y sobrevivencia también estarían comprometidas porque su principal fuente de financiación, el seguro previsional, no sería viable”.
Las consecuencias para los afiliados
Con un comunicado y una rueda de prensa, los gremios llamaron la atención sobre esta posible medida, y afirmaron que las personas tendrían que aportar cerca de un 30 % más al sistema para poder pensionarse a través de una renta vitalicia. Ellos estiman que “menos colombianos lograrán pensionarse y muchos de los que lo logren tendrán pensiones más bajas”.
La misiva señala que “miles de personas que no cumplen el requisito de semanas, pero sí cuentan con un capital suficiente, logran pensionarse por esta vía”, y advierte que “con el proyecto de decreto el acceso a la pensión se dificultará porque el capital exigido para acceder al a prestación será mucho más alto, dejándolas desprotegidas”.
Además, afirmas que en los casos de invalidez o muerte la medida encarecería el costo del seguro previsional con el que se garantiza una pensión a quienes sufren estas contingencias. “Si no hay quien ofrezca este seguro por el alto aumento en los costos, millones de afiliados quedarán desprotegidos en momentos de mayor vulnerabilidad”, dijo Andrés Velasco, presidente de Asofondos.
El riesgo para el Estado
Sobre los efectos que tendría este decreto en las finanzas del Estado, mencionan que “si el decreto hace inviable el aseguramiento previsional, la Nación tendría que hacerse cargo de las pensiones de aquellas personas que queden en condición de invalidez, así como de las viudas y huérfanos de quienes mueran antes de la edad de pensión”, alertando que esto generaría mayores obligaciones financieras y que el alivio fiscal a corto plazo generaría una presión financiera con el tiempo.
“Resulta indispensable que cualquier modificación al marco regulatorio del sistema pensional sea evaluada desde una perspectiva integral y sistémica”, declaró Gustavo Morales, presidente de Fasecolda. Las dos agremiaciones terminaron haciendo un llamado al Ministerio de Hacienda para revisar conjuntamente las consecuencias del proyecto. Le pidieron al gobierno que existan espacios técnicos para “discutir las implicaciones del proyecto y mitigar sus efectos negativos sobre las pensiones de los trabajadores y su aseguramiento”.