La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Seccional Bolívar, impuso una sanción de destitución y una inhabilidad de 20 años para ejercer cargos públicos a un servidor judicial en Cartagena por su responsabilidad en el desfalco de aproximadamente 500 millones de pesos colombianos de la Rama Judicial.
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El sancionado fue identificado como Larry López Ospino (mencionado en algunas fuentes como Osorio), quien se desempeñaba como profesional universitario grado 11 de la Administración Judicial en Cartagena. López Ospino se encontraba vinculado a la entidad desde enero de 2018.
Mecanismo de la apropiación
Según la determinación de la alta corte disciplinaria, el servidor judicial diseñó un esquema de corrupción centrado en la creación de una nómina paralela. Esta maniobra se ejecutó en septiembre de 2021 y tenía como objetivo dirigir pagos indebidos de fondos públicos a su beneficio personal.
La situación fue reportada a la justicia disciplinaria por Hernando Sierra Porto, Director Seccional de la Administración Judicial de Cartagena.
La investigación estableció que López Ospino ingresó al aplicativo Efinómina de la Rama Judicial, incluyendo en el sistema nombres de personas que no tenían vínculo laboral con la entidad. Para justificar estos giros, el funcionario creó cargos simulados, permitiendo que recursos del Tesoro Nacional fueran transferidos a estos supuestos “beneficiarios”.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial, Seccional Bolívar, confirmó el alcance del desfalco: “Se comprobaron pagos a por lo menos seis personas por cerca de 500 millones de pesos, que al final resultaron apropiados por el empleado judicial, pues se comprobó que los primeros ‘beneficiarios’ del fraude giraron los recursos al empleado judicial”.
Alcance de la corrupción y otras vinculaciones
La sanción impuesta por la Comisión consiste en la destitución del cargo y la inhabilidad por un periodo de 20 años. Adicionalmente, López Ospino enfrenta un proceso penal por los delitos de acceso abusivo a sistema informático agravado, falsedad ideológica en documento público, y peculado por apropiación. El funcionario aceptó los cargos que le imputó la Fiscalía.
El proceso disciplinario también reveló una red de corrupción preexistente. Desde la Comisión de Disciplina explicaron que el desvío de recursos no se limitó al periodo de gestión de López Ospino:
“Dentro del proceso adelantado por la Jurisdicción Disciplinaria... se logró establecer que el desvío de recursos se venía presentando desde 2016, es decir, antes de que el hoy sancionado llegara a hacerse cargo de los asuntos laborales de la Administración de Justicia, razón por la cual fueron vinculadas más personas a la investigación”.
En total, la investigación ha vinculado a 12 personas al proceso penal. Un elemento adicional del caso fue la comprobación de que el funcionario solicitaba vacaciones de forma discontinua, lo que presuntamente le permitía evitar la afectación de su liquidación de nómina.