La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP) resolvió la situación jurídica de 58 exuniformados involucrados en asesinatos presentados falsamente como bajas en combate, ocurridos entre 1992 y 2008 en Norte de Santander y Antioquia. Estos hechos corresponden a 21 sucesos que resultaron en 34 víctimas asesinadas y dos tentativas de homicidio.
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La Sala de Definición de Situaciones Jurídicas (SDSJ) de la JEP, este 2 de diciembre, otorgó a los comparecientes el beneficio de renuncia a la persecución penal, un mecanismo que, según el comunicado de la JEP, “tiene como efecto directo la eliminación de los antecedentes penales y las órdenes de captura asociadas a estos procesos, así como el archivo de las investigaciones disciplinarias”.
El beneficio es condicionado y, para 44 de los 58, de carácter parcial, dado que “continúan vinculados a otros procesos en la Jurisdicción por crímenes cometidos durante el conflicto armado”. Todos los beneficiarios deben acatar un “régimen de condicionalidad estricto”, cuyo incumplimiento puede llevar a la revocatoria de los beneficios.
Los comparecientes que recibieron el beneficio no fueron seleccionados como máximos responsables dentro de la Jurisdicción. Se trata de 15 miembros retirados del Grupo de Caballería Mecanizado No. 5 ‘General Hermógenes Maza’ y uno de la Agrupación de Fuerzas Especiales Urbanas No. 8 (AFEUR 8) de Norte de Santander, así como 24 retirados del Gaula Rural de Oriente (‘Gaula Rionegro’) y la AFEUR 5 de Antioquia.
El comunicado detalla las víctimas en cada departamento. En Norte de Santander, los hechos ocurrieron en Cúcuta, Zulia, Bucarasica y Durania, e incluyeron los asesinatos de “Henry Palencia Antúnez, Argelino Gaona Galvis, Juan Guillermo Rondón Quintero, José Serafín Hernández Bohórquez, Janner Enrique Zabala Sariego, a los jóvenes Hugo Armando Garzón Alvarado y Nelson Darío Vargas Parra, a la mujer Leydi Katherine Gelves y al menor de edad Johan Manuel Guzmán Uzquiano”.
En Antioquia, las víctimas de los hechos en Medellín, Bello, San Vicente, Jericó, El Guarne, Cocorná y Abejorral incluyen a “Eduardo Andrés Vargas Hernández, Juan Camilo Puerta Marín, Cesar Augusto Arbeláez Montoya, Wilson Darío Gómez Arboleda y Salvador Londoño Calvo”, además de los menores de edad “José Miguel Londoño Ramírez y Erick Alberto Osorio Martínez”.
Aportes a la verdad y reparación
La SDSJ concluyó que los comparecientes cumplieron con los requisitos de la denominada Ruta No Sancionatoria. La JEP señaló que la decisión se tomó tras constatar que “cumplieron con sus compromisos de aportes a la verdad plena, reconocieron responsabilidad, han intervenido en medidas de contribución a la reparación y asumieron compromisos de no repetición”.
En audiencias públicas, los comparecientes “no solo reconocieron los hechos, sino que detallaron ante la JEP los mecanismos de coordinación entre mandos militares para llevar a cabo la falsificación de documentos y la manipulación sistemática de escenas del crimen”. Estos aportes, según la Jurisdicción, “superan lo conocido en la justicia ordinaria”.
Como parte de la reparación, los comparecientes han participado en iniciativas como ‘Manos al Servicio Comunitario’ y actividades con la Fundación Equipo Restaurador. Adicionalmente, la Sala de Definición ordenó a la Unidad para la Atención y Reparación Integral a las Víctimas (UARIV) “inscribir en el Registro Único de Víctimas (RUV) a los familiares de las víctimas directas de estos hechos que actualmente no se encuentren en ese registro”.
Con esta determinación, la JEP ha resuelto de forma definitiva la situación jurídica de 475 comparecientes de la fuerza pública, de los cuales 473 “estuvieron involucrados en crímenes no amnistiables”, según el comunicado.