En la mañana de este martes 11 de noviembre, la Fiscalía General de la Nación reveló nuevos detalles sobre el millonario robo que perpetraron varios delincuentes contra una joyería en Bucaramanga el año pasado. Entre otras cosas, advirtieron que judicializaron a un subintendente de la Policía Nacional por estos hechos.
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Se trata del subintendente Yeison Eduardo García Albarracín, quien fue presentado ante un juez de control de garantías de Bucaramanga por su presunta participación en el hurto registrado en julio de 2024.
“El procesado, al parecer, entregó a los integrantes de la red criminal Kilates, responsable del millonario hurto, dos armas de fuego, una pistola traumática y un uniforme de Policía Nacional. Elementos que fueron utilizados durante el hecho delictivo”, explicó la Fiscalía en un boletín de prensa.
Pero la presunta colaboración del subintendente con los criminales no se habría limitado solo a entregarles elementos para cometer el robo, sino que también les habría dado información judicial sobre la investigación que estaban adelantando las autoridades. Incluso, supuestamente se habría comprometido a borrar pruebas como los videos de las cámaras de seguridad de una bodega en la cual se habría planeado el crimen.
“El subintendente fue capturado en Bogotá por uniformados de la Policía Nacional, en cumplimiento de una orden judicial. El fiscal del caso le imputó los delitos de hurto calificado y agravado; fabricación, tráfico y porte de armas de fuego o municiones; utilización ilegal de uniformes e insignias y cohecho propio, los cuales no aceptó“, subrayó la Fiscalía.
El subintendente fue enviado a la cárcel
Entre tanto, el ente investigador también señaló que, por solicitud de la Fiscalía, el juez le dictó una medida de aseguramiento en centro carcelario al subintendente procesado.
“Por este mismo crimen la Fiscalía General de la Nación en coordinación con la Policía Nacional capturó entre el 23 de octubre y el 6 de noviembre de 2024 a nueve personas. En septiembre pasado fueron condenados a penas que oscilan entre 10 y 11 años de prisión", advirtió el ente investigador.