Bogotá se convirtió en el escenario de la Séptima Conferencia Internacional de Planificación Familiar, que reúne a cientos de expertos, académicos, científicos y profesionales de la salud de distintas partes del mundo para dialogar sobre la salud sexual y reproductiva.
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PUBLIMETRO conversó con la directora de Profamilia, Marta Royo, sobre el cierre de este importante evento, el efecto del conflicto armado en el acceso a servicios sanitarios en Colombia y el acceso a la interrupción voluntaria del embarazo en el país.
¿Qué efectos positivos puede tener para Colombia albergar un evento como la Conferencia Internacional de Planificación Familiar?
Esta es una conferencia que se lleva realizando desde hace muchos años, pero siempre se había hecho en países del continente africano y del sudeste asiático. Logramos que, por primera vez, se llevara a cabo en Latinoamérica y el Caribe, y que Colombia fuera la sede.
Esta es una conferencia muy técnica. Aquí se reúnen académicos, científicos, todos los expertos, pero también gobiernos de todas partes del mundo. Se reúnen para discutir sobre los avances, pero también los desafíos dentro del marco de los derechos sexuales y reproductivos. Es un evento que lo que permite es contar con las personas que más saben, que más están de cara a esas discusiones desde el ámbito jurídico, desde la educación, desde los servicios de salud, desde la parte de activismo.
¿Qué tiene que mostrar Colombia en materia de derechos sexuales y reproductivos? Por ejemplo, la tasa de embarazo adolescente ha bajado considerablemente en las últimas décadas.
Este país tiene mucho que mostrar en avances: nuestro sistema de salud tiene un Plan de Beneficios que les garantiza a las personas acceder a servicios de salud sexual y reproductiva. Somos un país que, en el marco legislativo, ha tenido unos avances. Tenemos una política nacional de derechos sexuales y reproductivos. Tenemos la despenalización del aborto. Entonces, Colombia tiene muchísimo para demostrar y lo que hace la conferencia es ponerlo en el más alto eslabón de este conocimiento y esta experiencia.
Colombia también tiene el conocimiento médico. Nuestras guías de práctica médica son de las más avanzadas, pero además el expertise de la parte médica es verdaderamente sobresaliente.
La forma en la que han bajado las tasas de embarazo adolescente sigue siendo una problemática, pero a través de distintos programas hemos logrado disminuirla.
¿El recrudecimiento del conflicto en Colombia ha tenido impactos en el acceso a servicios de salud sexual y reproductiva?
Cuando una región queda aislada porque se está presentando un conflicto armado, todo se trunca. Es decir, a la población le es difícil salir, trasladarse, moverse. A los profesionales también les cuesta trabajo llegar. El tema de inseguridad es gravísimo, porque cambia por completo la capacidad que tiene una población de poder llevar una vida normal.
Por ejemplo, uno de los efectos del covid fue el aislamiento. Ahí vimos inmediatamente que se incrementó la tasa de embarazo en menores de 14 años. Eso era resultado de una violación. Eso quiere decir que había violencia intrafamiliar. Obviamente, se ha logrado en los últimos años bajar esa violencia de nuevo. Pero cualquiera de esos fenómenos que implican una afectación tan grave de tu rutina diaria tiene un efecto sobre el acceso de las mujeres a métodos anticonceptivos, a la interrupción voluntaria del embarazo, a una consulta de salud, a la prevención y detección del cáncer.
¿Los profesionales de Profamilia han tenido más dificultades para prestarles sus servicios a las poblaciones en zonas de conflicto?
Yo diría que sí. Nosotros, en el año, hacemos alrededor de 4.000 brigadas y, si yo veo las cifras de este año, vamos alrededor de 3.000 y un poco más. O sea, sí hemos tenido una reducción y uno de los factores tiene que ver con que, cuando planeamos las brigadas, la misma población nos avisa: “No, toca que esperen, porque estamos aquí con fuego cruzado o la comunidad está totalmente bloqueada”. Sí, eso nos pasa. Ahí lo que hacemos es esperar a que las cosas se calmen para poder volver.
Hemos estado atendiendo también a población desplazada en unos albergues especiales o en algunas ciudades intermedias donde se establecen mientras buscan hacia dónde trasladarse. Pero ese no ha sido el único factor, sino también la crisis del sector de la salud ha complejizado bastante el poder desarrollar las actividades como las hemos hecho en otros años.
Ya vamos a cumplir cuatro años desde que la Corte Constitucional despenalizó el aborto en Colombia. ¿Qué tanto se ha adaptado nuestro sistema de salud a esa nueva realidad jurídica?
Hay una guía de la Organización Mundial de la Salud (OMS), hay una excelente guía del Ministerio de Salud que establece claramente cómo se tiene que prestar el servicio. Nosotros hicimos un análisis a finales del año pasado, un índice en el que evaluamos casi todos los municipios de Colombia, y el resultado fue que apenas tenemos un 34 % de aceptación y de entendimiento de la sentencia que despenalizó el aborto. O sea, nos encontramos con una ausencia de conocimiento y, aun con él, las barreras que siguen poniendo las clínicas y hospitales son enormes. Es difícil encontrar personal médico que quiera prestar el servicio. La verdad, a Colombia le falta entender el derecho y aplicarlo como debe ser. Vemos muchas barreras, muchas historias muy dolorosas e injustificadas. A las mujeres les mienten de frente. Las llenan de pasos innecesarios que en ninguna parte son obligatorios, les niegan los servicios sin tener ninguna justificación y la verdad es que deberían entender que eso es ir en contra de la Constitución, en contra de lo que dice la ley. Todavía falta mucho.
¿Qué factores influyen en esas barreras que enfrentan las mujeres para acceder al aborto?
Yo creo que, en algunos casos, es la falta de conocimiento, pero en otros siento que también tiene que ver con el derecho que sienten algunas personas de imponer su visión y sus creencias en las vidas de otras personas.