La Fiscalía General de la Nación reveló este martes los resultados de una investigación que permitió desmantelar una red dedicada a realizar procedimientos estéticos ilegales en varios barrios de Medellín. Las operaciones se desarrollaban en viviendas adaptadas como quirófanos improvisados, sin condiciones mínimas de higiene o salubridad, poniendo en riesgo la vida de decenas de mujeres.
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Según la investigación, las cirugías se ofrecían a través de redes sociales bajo el nombre de “lipólisis láser con transferencia glútea”, un tratamiento que supuestamente prometía eliminar grasa localizada y aumentar el volumen de los glúteos. Sin embargo, detrás de la oferta se escondía una práctica clandestina que afectó gravemente la salud de al menos 24 mujeres y expuso a otras 48 a peligros médicos.
Los procedimientos se realizaban en inmuebles ubicados en los barrios Laureles, San Javier, Guayabal y Olaya Herrera. Allí, tres mujeres identificadas como Jackeline Bedoya Acevedo, María Paola Arango Garrillo y Michel Chaverra Jaramillo realizaban intervenciones quirúrgicas sin tener formación profesional, ni experiencia médica certificada.
De acuerdo con los elementos materiales probatorios recopilados por el Cuerpo Técnico de Investigación (CTI), las tres señaladas participaban directamente en las cirugías, aplicaban anestesia local, suministraban medicamentos y se encargaban de los masajes postoperatorios. Todo esto, sin contar con la supervisión de profesionales en medicina o cirugía plástica.
Como consecuencia de estos procedimientos ilegales, muchas de las pacientes sufrieron infecciones graves, deformidades permanentes y limitaciones funcionales. Algunas intentaron reclamar por las afectaciones sufridas, pero nunca obtuvieron respuesta ni apoyo de las responsables.
Las autoridades capturaron a las tres presuntas implicadas, quienes fueron puestas a disposición de una fiscal de la Seccional Medellín. Durante las audiencias, la Fiscalía les imputó los delitos de concierto para delinquir, estafa agravada en modalidad de delito masa y lesiones personales dolosas.
El ente acusador reiteró su compromiso con la protección de la salud pública y advirtió sobre los riesgos de acudir a centros estéticos no autorizados o a personas sin licencia médica. En ese sentido, recordó que todo procedimiento quirúrgico o estético debe realizarse exclusivamente en clínicas habilitadas por la Secretaría de Salud y bajo la supervisión de profesionales certificados.
La Fiscalía General de la Nación también invitó a otras posibles víctimas a presentar sus denuncias para fortalecer el proceso judicial y evitar que se repitan este tipo de prácticas fraudulentas que ponen en peligro la vida y la integridad de las personas.