La Fiscalía General de la Nación confirmó este sábado que uno de los fiscales asignados al caso del magnicidio del senador y precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay fue objeto de amenazas de muerte, en un nuevo intento por intimidar los avances judiciales en la investigación de uno de los crímenes más sensibles de los últimos años en el país.
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Según informó el ente acusador, existen evidencias concretas que demuestran la veracidad y el alcance de las intimidaciones dirigidas contra el funcionario, quien lidera una de las líneas más avanzadas del proceso que busca esclarecer los móviles, autores intelectuales y ejecutores del asesinato ocurrido el pasado 15 de agosto en el norte de Bogotá.
Desde el primer momento, la Fiscalía priorizó el caso de Miguel Uribe Turbay, estableciendo un equipo interdisciplinario compuesto por expertos en investigación criminal, análisis financiero, interceptaciones legales y rastreo digital. En los últimos meses, este grupo ha logrado consolidar varias hipótesis sobre el atentado, que apuntan a la posible participación de estructuras criminales con capacidad logística y recursos para ejecutar un crimen de alto impacto político.
El ente judicial aseguró que ya se activaron medidas especiales de protección para el fiscal amenazado, con apoyo de la Policía Nacional y la Unidad Nacional de Protección (UNP). Estas acciones buscan garantizar tanto su integridad física como la continuidad del trabajo investigativo, considerado clave para identificar a los determinadores del homicidio.
“La Fiscalía General de la Nación tiene evidencias que dan cuenta de la veracidad y alcance de las intimidaciones dirigidas al funcionario”, reiteró el organismo, que también confirmó la apertura de una nueva línea de investigación para identificar a los autores de las amenazas.
Avances de la investigación
Fuentes cercanas al proceso indicaron que la Fiscalía ha recopilado videos de cámaras de seguridad, registros de comunicaciones y movimientos financieros que podrían vincular a varios sospechosos con la planeación del crimen. También se ha contado con cooperación internacional para rastrear posibles conexiones con redes de financiamiento externo.
El caso de Miguel Uribe Turbay ha sido catalogado como de prioridad nacional por su impacto político y social. El Ministerio del Interior y la Presidencia han manifestado respaldo a las instituciones encargadas de la investigación, mientras que diversas organizaciones civiles han exigido garantías para los fiscales y testigos que participan en el proceso.
La Fiscalía enfatizó que no cederá ante amenazas ni presiones y reafirmó su compromiso con el esclarecimiento total del magnicidio, considerado un ataque directo contra la democracia colombiana.