La tensión política en Venezuela volvió a escalar luego de que la vicepresidenta Delcy Rodríguez anunciara que el presidente Nicolás Maduro presentó formalmente un recurso ante el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ) para retirar la nacionalidad venezolana al líder opositor Leopoldo López. La decisión, comunicada por Rodríguez a través de su canal oficial de Telegram, desató una nueva ola de controversia sobre la persecución política y los derechos ciudadanos en el país.
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Según explicó la funcionaria, el recurso busca revocar la nacionalidad y anular el pasaporte de Leopoldo López, a quien el Gobierno acusa de “traición a la patria” por supuestamente haber instado a la invasión militar extranjera de Venezuela, así como por su participación en la promoción del bloqueo económico internacional. Rodríguez afirmó que López habría incitado al “asesinato masivo de venezolanos” en coordinación con gobiernos y actores internacionales considerados enemigos por el régimen de Maduro.
La vicepresidenta agregó que tanto la Cancillería de Venezuela como el Servicio Administrativo de Identificación, Migración y Extranjería (Saime) procederán de manera inmediata a ejecutar las medidas administrativas correspondientes para invalidar el pasaporte de López. Esto se haría “conforme a los procedimientos pertinentes” y en cumplimiento de las directrices del Ejecutivo nacional.
En su comunicado, Delcy Rodríguez también sostuvo que Venezuela “cuenta con los recursos necesarios para garantizar su soberanía e integridad territorial frente a los poderes extranjeros”, señalando que las acciones de Leopoldo López representan una amenaza directa contra la estabilidad y la independencia del país.
El líder opositor, actualmente exiliado en España desde 2020, no ha emitido aún una respuesta pública frente a esta nueva ofensiva del Gobierno venezolano. López, exalcalde de Chacao y fundador del partido Voluntad Popular, fue uno de los principales promotores de las protestas antigubernamentales de 2014, por las que fue condenado a más de 13 años de prisión antes de obtener el asilo político en Madrid.
La medida contra Leopoldo López se interpreta como un nuevo intento del Gobierno de Nicolás Maduro por restringir los derechos civiles y políticos de la oposición, en un contexto de creciente presión internacional y a pocos meses de las elecciones presidenciales. Organismos de derechos humanos han advertido que la retirada de la nacionalidad podría violar tratados internacionales, entre ellos la Convención para Reducir los Casos de Apatridia.
Mientras tanto, el TSJ venezolano deberá determinar si admite o no el recurso presentado por el Ejecutivo, una decisión que podría tener implicaciones legales y políticas profundas en la ya polarizada sociedad venezolana.