La Defensoría del Pueblo, junto con la Secretaría de Salud de Pamplona, lanzó un llamado urgente a la Nueva EPS y a las instituciones prestadoras de servicios médicos para que adopten medidas inmediatas que permitan restablecer la atención sanitaria en el municipio. Más de 15.000 afiliados se encuentran sin acceso a servicios esenciales tras el cierre del Hospital San Juan de Dios, suspendido desde el 20 de octubre de 2025 por incumplimientos financieros del asegurador.
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Más de 15.000 personas sin servicios médicos de segundo nivel
Según cifras oficiales, 15.377 usuarios del régimen subsidiado, que representan el 32,68 % de los afiliados en Pamplona, no pueden acceder a atención especializada ni a procedimientos hospitalarios de segundo nivel. La situación afecta no solo a los habitantes de la ciudad, sino también a usuarios de siete municipios vecinos, que dependen del Hospital San Juan de Dios como principal centro asistencial.
El hospital informó que la suspensión responde al retraso sistemático en los pagos por parte de la Nueva EPS, lo cual ha comprometido la sostenibilidad financiera de la institución. Aunque se mantienen activas las urgencias vitales, la suspensión de consultas, cirugías y tratamientos representa un riesgo crítico para cientos de pacientes con enfermedades crónicas o de alto costo.
Crecen las quejas y tutelas por falta de atención
La Dirección Local de Salud de Pamplona confirmó que en lo corrido de 2025 ha recibido 785 quejas por deficiencias en el servicio y tiene conocimiento de 150 acciones de tutela interpuestas por los usuarios para exigir atención médica. A pesar de las reiteradas gestiones institucionales y los llamados preventivos, la Nueva EPS no ha dado una respuesta efectiva.
Ante la gravedad del panorama, las autoridades locales solicitaron la intervención inmediata de los organismos de control y el fortalecimiento de los mecanismos de inspección y vigilancia sobre la prestación del servicio.
Defensoría exige garantizar el derecho fundamental a la salud
La Defensoría del Pueblo recalcó que la crisis pone en riesgo el derecho fundamental a la salud de miles de personas. En su pronunciamiento, la entidad subrayó la necesidad de garantizar la continuidad de los tratamientos médicos, evitar la acumulación de deudas entre los actores del sistema y proteger la estabilidad del hospital.
Asimismo, pidió a las EPS, hospitales y farmacias adelantar procesos de conciliación de cuentas que permitan normalizar el flujo de recursos y asegurar el suministro de medicamentos. “Es urgente priorizar la vida y la salud por encima de los intereses económicos”, señaló la Defensoría, al advertir que el incumplimiento prolongado de los pagos amenaza la sostenibilidad del sistema sanitario regional.
La entidad reiteró su compromiso de supervisar y acompañar las acciones necesarias para restablecer el servicio en Pamplona, insistiendo en que el trabajo coordinado entre aseguradores, prestadores y entes de control es clave para evitar que la población siga soportando las consecuencias de la crisis.

