Una nueva y grave polémica sacude el doloroso caso de abuso sexual en el jardín infantil Canadá. Margie Espinel, madre de una de las víctimas, ha denunciado públicamente que el Instituto Colombiano de Bienestar Familiar (ICBF) y su directora general, Astrid Cáceres, le habrían ofrecido viajes, dinero y un empleo con el objetivo de silenciarla. El ICBF, por su parte, ha negado categóricamente estas acusaciones, asegurando que cualquier ayuda ofrecida se enmarcó dentro de los protocolos institucionales y legales.
La denuncia de la madre: “La dignidad de mi hija no tiene precio”
En un desgarrador testimonio, Margie Espinel, quien se ha convertido en vocera de los padres afectados por los abusos, reveló los presuntos intentos de chantaje. Según su relato, en una reunión celebrada en mayo en la sede principal del organismo, la directora Astrid Cáceres le habría hecho una serie de ofrecimientos para que cesara sus denuncias públicas sobre las irregularidades en el caso. Espinel afirmó que Cáceres le preguntó: “Tú necesitas un respiro, ¿por qué no te vas de viaje?”.
La madre también aseguró que, en esa misma reunión, se le ofreció un empleo y la apertura de una cuenta bancaria para recibir apoyos económicos. Espinel cuestionó la naturaleza de estas supuestas propuestas, interpretándolas como un claro intento de silenciarla. “¿Cómo es posible que tenga que aceptar promesas de viajes y plata debajo de la mesa para callar y no seguir denunciando las irregularidades que hay dentro de la institución?”, preguntó, visiblemente indignada. La mujer se ha mantenido firme en su posición, afirmando que no puede quedarse callada y que “la dignidad de mi hija no tiene precio”.
La respuesta del ICBF: ofrecimiento de “apoyo” dentro de la ley
El Instituto Colombiano de Bienestar Familiar respondió a las acusaciones de manera contundente, negando cualquier tipo de ofrecimiento ilegal o indebido. A través de un comunicado oficial, la entidad señaló que “en ningún momento se han realizado ofrecimientos ilegales, indebidos o que puedan interpretarse como una práctica irregular”. El ICBF aseguró que los apoyos que se brindan a las víctimas y sus familias siempre se otorgan “dentro del marco de la ley, con reglas claras y verificables”.
Por su parte, la directora Astrid Cáceres utilizó su cuenta en X para defenderse de las graves acusaciones. La funcionaria aseguró que lo único que se le ofreció a la madre fue apoyo psicosocial y laboral, pero siempre dentro de los canales institucionales.
Cáceres justificó la oferta de empleo aludiendo a la supuesta petición de ayuda por parte de la madre, a quien calificó como “una mujer valiosa y maravillosa”. El ICBF sostiene que su único objetivo es garantizar el bienestar de las familias afectadas, y que no se ha actuado por fuera de la ley en ningún momento.
El contexto del caso y las peticiones de las familias
La polémica se da en el marco de una tragedia que ha conmocionado a Bogotá. El jardín infantil Canadá fue cerrado tras el descubrimiento de los abusos cometidos contra 12 menores de entre 2 y 3 años. El responsable, identificado como Freddy Castellanos, aprovechó su cargo para cometer los delitos, mientras estaba a cargo de 21 niños y niñas. Las familias han cuestionado la falta de controles en la contratación del personal y la protección de las pruebas.
Las víctimas y sus padres le han exigido al ICBF y a las autoridades explicaciones claras sobre los protocolos de seguridad, la entrega de información de docentes y directivos, y garantías de que no se alterarán las pruebas ni se ocultarán responsabilidades. A pesar de los desmentidos, Margie Espinel insiste en su denuncia, concluyendo que “la integridad de los niños no tiene precio y no se negocia con viajes ni dinero”.