La constante actividad de Álvaro Uribe en redes sociales, incluso después de ser condenado en primera instancia por soborno en actuación penal y fraude procesal, ha puesto sobre la mesa una serie de preguntas sobre la legalidad y la ética de sus intervenciones públicas. Su defensor, Jaime Granados, abordó el tema en una entrevista, afirmando que “Álvaro Uribe Vélez mantiene incólume, es decir, intacta, su presunción de inocencia. Hasta que no exista una sentencia en firme ejecutoriada, se presume inocente y debe ser tratado como tal”.
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Granados argumentó que, de acuerdo con la Constitución colombiana (artículo 29) y la Ley 906 de 2004 (artículo 7º), ninguna persona puede ser considerada culpable hasta que una decisión judicial esté ejecutoriada. Con esta premisa, Uribe estaría habilitado para participar en el debate público y mantener su presencia en las redes, plataformas que ha utilizado de manera constante. “Toda persona inocente tiene derecho a hablar por teléfono y a participar en redes sociales. Él está haciendo lo propio de una persona que es, como lo es hoy, inocente”, enfatizó el abogado.
El proceso de apelación en el Tribunal Superior
La defensa de Uribe presentó recientemente un recurso de apelación de 904 páginas ante el Tribunal Superior de Bogotá, buscando la revocatoria parcial de la sentencia dictada por la jueza Sandra Heredia. La magistrada encontró al expresidente culpable de soborno en actuación penal y fraude procesal, aunque lo absolvió del delito de soborno simple, sentenciándolo a doce años de prisión domiciliaria.
Los abogados Jaime Granados y Jaime Lombana, quienes representan al exmandatario, sostuvieron que el fallo contiene “sesgos políticos” y viola garantías procesales. En su escrito de apelación, insistieron en que mientras no haya una decisión de segunda instancia, no existe una obligación legal para que Uribe permanezca privado de la libertad. “La condena debe ser revocada y la libertad del doctor Álvaro Uribe Vélez debe ser restablecida”, argumentaron.
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El caso, que se inició en 2012 por una denuncia del propio Uribe, tuvo un giro en 2018 cuando el exmandatario fue señalado de presionar a testigos a través de su abogado Diego Cadena. La sentencia indica que Cadena habría entregado pagos y beneficios a exparamilitares con el objetivo de que no relacionaran a Uribe con estos grupos armados. La defensa, por su parte, argumenta que las acciones de Cadena fueron lícitas y que los pagos eran ayudas humanitarias.
Impacto político y lo que sigue
El caso judicial contra Uribe ha trascendido lo legal para convertirse en un pulso político y mediático. El expresidente, fundador del partido Centro Democrático, ha usado plataformas como X (antes Twitter) y Facebook para cuestionar la decisión judicial y mantener un contacto directo con sus seguidores. Esta estrategia ha generado un debate sobre los límites de la libertad de expresión para personas en procesos judiciales. Mientras sus críticos ven un intento de influir en la opinión pública y en posibles testigos, sus defensores lo consideran un ejercicio legítimo de sus derechos.
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El futuro del caso ahora está en manos del Tribunal Superior de Bogotá, que deberá estudiar la apelación. Este proceso podría durar varios meses, tiempo durante el cual Uribe continuará en prisión domiciliaria, pero con la posibilidad de mantener su comunicación pública.