El caso del asesinato de Miguel Uribe Turbay, en el que se ha confirmado la participación de un menor de 15 años, ha generado una serie de interrogantes sobre el alcance de la justicia. Mientras que para los adultos implicados el panorama legal es severo, el proceso contra el adolescente, alias ‘Tianz’, se rige por normas distintas que limitan la severidad de la condena.
El penalista Camilo Burbano en diálogo con Caracol Radio explicó la razón detrás de esta particularidad. “En este caso, frente al menor, pese a que el senador lamentablemente falleció y se le impute la muerte como un hecho posterior, él solo podrá ser condenado por la tentativa del homicidio”, afirmó. La explicación se centra en el hecho de que ‘Tianz’ ya había aceptado cargos por tentativa de homicidio y porte ilegal de armas antes de que Uribe falleciera. Modificar la acusación a homicidio agravado iría en contra del principio de congruencia estricta, que busca proteger los derechos de los menores en el sistema judicial colombiano.
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Esto, según Burbano, tiene un impacto directo en la posible pena. “La pena para los adolescentes en Colombia va de 1 a 8 años independientemente de la gravedad del delito, pues lo más seguro es que su pena tampoco pueda ser modificada”, detalló el experto. A pesar de esta limitación en el tiempo de la condena, el juez que lleva el caso sí tomará en cuenta la participación del menor en el desenlace fatal del atentado al momento de dictar la sentencia, cuya audiencia está programada para el próximo 27 de agosto.
Diferencias notables con los adultos implicados
El caso del menor contrasta drásticamente con la situación de los demás presuntos implicados en la planeación y logística del crimen. La Fiscalía General de la Nación ha intensificado las acusaciones contra los coautores, quienes ahora enfrentan cargos por homicidio agravado consumado.
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El penalista Francisco Bernate señaló las consecuencias de este cambio: “El delito de homicidio agravado tiene una sanción entre 33 y 50 años, sin embargo, atendiendo que hay armas y demás, puede incluso superar estos 50 años de prisión”. Es decir, los presuntos delincuentes Elder José Arteaga Hernández, Cristian Camilo González Ardila, Katherine Andrea Martínez Martínez y William Fernando González Cruz, podrían enfrentar penas mucho mayores de ser hallados culpables. Carlos Eduardo Mora González, otro de los implicados, también será sometido a esta adición de cargos en los próximos días.
La disparidad entre la pena del menor y la de los adultos evidencia la complejidad del Sistema de Responsabilidad Penal para Adolescentes en Colombia, un marco legal diseñado para la resocialización, pero que, en casos de alta gravedad como este, genera un profundo debate público sobre la justicia y la proporcionalidad de las condenas.