La Procuraduría Primera Delegada para la Vigilancia de la Función Pública identificó “graves fallas administrativas” en la Imprenta Nacional, luego de una visita a las instalaciones donde se producirá el pasaporte colombiano a partir de abril de 2026, en virtud de un convenio con el gobierno de Portugal.
Durante la revisión, según el informe oficial, se registraron respuestas vacías y contradicciones respecto a estudios técnicos y capacidad operativa. También se observaron documentos sin sustento, incumplimiento del manual de contratación y deficiencias en la planeación del proyecto, que compromete inversiones superiores a $1,3 billones.
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Riesgos administrativos y financiera
El equipo de la Procuraduría alertó sobre el uso proyectado de vigencias futuras hasta 2036 sin autorización del CONFIS ni documento CONPES, requisitos exigidos por el estatuto orgánico del presupuesto colombiano. Además, no se presentó ante la Junta Directiva documentación técnica o financiera que justifique el valor del contrato, lo cual pone en entredicho la transparencia del proceso.
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La falta de planificación robusta y la improvisación en la formulación del acuerdo hace que la producción de pasaportes a cargo de la Imprenta Nacional no solo sea cuestionable, sino también riesgosa para los derechos ciudadanos, según el organismo de control.
Caso pasaportes en Colombia: polémica y empresas involucradas
Desde 2024, la emisión de pasaportes ha sido objeto de debate: el Estado contrató a una empresa privada con capacidades técnicas limitadas, lo que generó críticas por la demora en la entrega, precios elevados y deficiencias técnicas en los documentos oficiales.
- En 2024, pasó a manos de la empresa Holanda Servicios Globales, ligada a proveedores internacionales. La falta de transparencia en los procesos de selección y adjudicación provocó cuestionamientos en la Cámara de Representantes por la calidad del servicio y posibles sobrecostos.
- La Contraloría General de la Nación inició una auditoría preliminar ante denuncias de corrupción, tiempo de espera excesivo y posibles colusiones en adjudicaciones de contratos.
- La Cancillería anunció el convenio con la Imprenta Nacional y Portugal como solución para retomar control estatal de la emisión de pasaportes a partir de abril de 2026. Sin embargo, este plan ha sido cuestionado por falta de estudios rigurosos y su impacto fiscal.
- La Procuraduría, en su último informe, sostiene que sin ajustes técnicos y financieros claros, el nuevo sistema puede empeorar la situación actual y generar riesgos para la expedición oportuna de documentos oficiales a los colombianos.
Finalmente, las denuncias de la Procuraduría evidencian que la relocalización de producción de pasaportes a la Imprenta Nacional, enfrenta cuestionamientos serios por falta de preparación técnica y financiera. Mientras el convenio con Portugal sigue adelante, las autoridades deberán corregir las falencias o reconsiderar decisiones que comprometen la seguridad documental y los derechos de los ciudadanos.