Una investigación de la revista Semana ha destapado un presunto entramado de corrupción judicial que estaría operando en varios departamentos del país, afectando gravemente a ciudadanos que accedieron a préstamos informales y luego fueron sorprendidos con procesos judiciales inexistentes. La modalidad, según la denuncia, consistía en transformar acuerdos de crédito en supuestas demandas por cuotas alimentarias, que terminaban en embargos de hasta el 50 % de las pensiones de las víctimas.
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Las denuncias se han presentado ante la Comisión Nacional de Disciplina Judicial, y aunque por ahora se conocen tres casos formales, el patrón sugiere una operación mucho más extensa que podría involucrar juzgados de Atlántico, Bolívar, Cesar, Sucre, Cundinamarca y Córdoba.
El mecanismo de la estafa
Según la publicación, los afectados firmaban documentos en Montería para recibir préstamos y, meses después, sin haber sido notificados ni citados a conciliaciones, comenzaban a sufrir descuentos por órdenes judiciales provenientes de municipios que nunca han visitado.
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Entre las víctimas mencionadas se encuentran Orlando Reyes, José del Carmen Torres y Juan Pablo Aguirre, quienes coinciden en que nunca fueron parte de procesos por alimentos, ni tienen hijos a quienes les correspondiera ese tipo de pensión.
El dinero embargado, de acuerdo con los testimonios, no llega a beneficiarios reales, sino a personas que actúan como intermediarios con nombres falsos o posiblemente inexistentes. “Se quedan con nuestra plata y los jueces lo avalan”, declaró uno de los afectados.
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Señalamientos a funcionarios judiciales
El reporte menciona que una funcionaria judicial, cuyo nombre se repite en varios de los procesos, ya había estado implicada en un desfalco cuando era tesorera en Aracataca, Magdalena. Aunque fue absuelta en segunda instancia, ahora vuelve a estar en el centro de una controversia judicial.
Tras las denuncias, la jueza implicada habría suspendido algunos embargos y enviado copias de los procesos a las víctimas, sin informar a los abogados involucrados, quienes también son señalados por representar a supuestos demandantes ficticios.
Posible red de corrupción y autoembargos
El informe periodístico advierte que esta práctica podría no ser aislada. Una fuente reservada consultada por Semana señaló que este tipo de maniobras se conocen dentro de algunos sectores de la Rama Judicial:
"Es un secreto a voces“, dijo la fuente sobre la práctica de autoembargos o favorecimientos judiciales a través de redes corruptas.
Solicitudes de las víctimas y próximas acciones
Las personas afectadas piden que se verifique la legalidad de los procesos, se levanten los embargos y se investigue a fondo la presunta red que habría instrumentalizado el sistema judicial para despojar a ciudadanos de sus ingresos mediante una fachada legal.
La Comisión Nacional de Disciplina Judicial deberá determinar si los casos corresponden a actos individuales o si se trata de una estructura más amplia con ramificaciones en varias regiones del país. Por su parte, la jueza mencionada en la investigación envió un derecho de petición al medio solicitando información sobre el periodista y detalles del reportaje.
Este caso pone en evidencia una nueva forma de estafa, en la que el sistema judicial es utilizado como herramienta para legitimar fraudes, afectando directamente el sustento económico de personas que muchas veces no tienen cómo defenderse.