Este viernes 1 de agosto se convirtió en un hito judicial en la historia contemporánea de Colombia. Por primera vez, un expresidente de la República fue condenado por la justicia ordinaria. Álvaro Uribe Vélez, quien ocupó la Presidencia entre 2002 y 2010, recibió una sentencia de 12 años de prisión tras ser hallado culpable por los delitos de soborno en actuación penal y fraude procesal.
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La jueza encargada del caso había anunciado previamente que la decisión judicial sería divulgada a las 2:00 p. m. Sin embargo, el desarrollo anticipado del fallo generó una fuerte reacción tanto en la defensa como en el entorno cercano al exmandatario. De acuerdo con su abogado, Jaime Cadena, los familiares del expresidente conocieron el contenido del veredicto antes de que se hiciera público de manera formal, lo que calificaron como un acto de irrespeto por parte del tribunal.
En medio de su intervención, el expresidente Álvaro Uribe dio algunas declaraciones, una de las que más llamó la atención tuvo que ver con la polémica frase “proceda, doctor Diego” la cual ha sido cuestionada por la contraparte como una prueba de que el exjefe de Estado conocía los procedimientos de su defensa, por los cuales acabo siendo culpable de soborno a testigos.
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En sus palabras, el exmandatario aseguró que dicha frase fue espontánea, lo que suscitó ciertas dudas sobre el conocimiento que él tenía de las acciones de su abogado Cadena; mismo conocimiento que negó durante lo corrido del juicio.
Durante la audiencia virtual, Uribe mostró señales de incomodidad evidentes ante la revelación del fallo. En un momento particularmente tenso, apagó su cámara, gesto que fue interpretado como un reflejo de su desconcierto y rechazo frente al proceso. Este hecho añadió una carga simbólica a una jornada ya de por sí histórica.
Implicaciones de la condena de 12 años de prisión
La decisión judicial contra el exmandatario genera un precedente sin comparación en el país. Hasta ahora, ningún expresidente colombiano había sido sentenciado por la justicia ordinaria. Este hecho reconfigura el debate nacional sobre la responsabilidad de los altos funcionarios y abre una nueva etapa en la relación entre poder político y justicia.
Mientras tanto, sectores políticos, ciudadanos y analistas reaccionan con opiniones divididas. Para algunos, la condena representa un avance en la consolidación del Estado de derecho; para otros, es una decisión cargada de implicaciones políticas.