La Procuraduría General de la Nación inició una investigación disciplinaria contra tres altas funcionarias del Estado por presuntas irregularidades en la firma del convenio interadministrativo entre el Ministerio de Relaciones Exteriores y la Imprenta Nacional de Colombia, relacionado con la fabricación de pasaportes.
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Funcionarias bajo escrutinio
La medida disciplinaria cobija a la canciller encargada, Rosa Yolanda Villavicencio Mapy; la gerente de la Imprenta Nacional, Alba Liliana León Herrera; y la secretaria general (e) de la Cancillería, Elvira de las Mercedes Sanabria Salazar.
Según informó la Sala de Instrucción Disciplinaria, el convenio, suscrito el pasado 18 de julio a través del Fondo Rotatorio del Ministerio de Relaciones Exteriores, podría haber vulnerado principios fundamentales de la contratación pública, como la planeación y la economía, establecidos en la normativa estatal.
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Cuestionamientos clave del Ministerio Público
El Ministerio Público advirtió que el proceso de contratación presenta varias falencias relevantes:
- Ausencia de estudios previos: No existen documentos técnicos o jurídicos que sustenten la necesidad ni la viabilidad del convenio celebrado con la Imprenta Nacional.
- Falta de acto administrativo: Se desconoce el documento oficial mediante el cual se habría delegado en la secretaria general (e) la facultad para firmar el convenio.
- Deficiencias en la planeación: Se evidencian omisiones en la formulación del nuevo esquema de suministro de pasaportes, lo que podría constituir una falta al deber funcional.
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Para la Procuraduría, estos elementos podrían constituir una transgresión a los principios de legalidad, transparencia y responsabilidad administrativa, lo que amerita una revisión exhaustiva del proceso por parte de los entes de control.
La investigación se encuentra en curso y, por ahora, no se han emitido sanciones ni decisiones de fondo. Sin embargo, el desarrollo del caso podría tener implicaciones significativas para el funcionamiento del sistema de expedición de pasaportes en Colombia y para la gestión de las entidades involucradas.