En 2018, Robert Andrés Colonia González, conocido como "Gono taser“, fue capturado tras la denuncia de una mujer de 21 años por violación y tortura. Las autoridades encontraron en su hogar más de mil videos de agresiones sexuales, narcóticos y cámaras ocultas. Sin embargo, a pesar de que más de 150 mujeres lo identificaron como su agresor, solo cuatro casos llegaron al sistema judicial.
En 2019, Colonia fue condenado a 12 años y 6 meses de prisión por acceso carnal violento y coacción ilegal contra una menor. Sorprendentemente, en 2023, su sentencia fue reducida en 7 meses y 5 días por “trabajo intramural”. Información obtenida por Las Igualadas de El Espectador también indica que “Gono taser” fue reportado por posesión ilegal de armas y narcóticos en prisión, y por un intento de fuga en 2020.
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Lo más alarmante es que el disco duro con los más de mil videos de abusos, incautado durante su captura, está desaparecido. Fuentes sugieren que la evidencia fue dañada y perdida tras un análisis pericial, un hecho que complejiza aún más los procesos contra Colonia.
Un modus operandi aterrador y la revictimización de las denunciantes
Expertos en psiquiatría forense describen el modus operandi de “Gono taser”: seducción, manipulación, sumisión y violencia. Contactaba a sus víctimas por redes sociales, invitándolas a paseos en bicicleta o actividades de voluntariado, para luego presuntamente agredirlas sexual y físicamente, a veces drogándolas y amenazándolas con publicar videos.
Las víctimas de Colonia han enfrentado un calvario de revictimización y falta de apoyo institucional. A siete años de su captura, muchas sufren problemas de salud mental y han reportado amenazas de asociados de “Gono taser”. La ausencia de los videos incautados deja los testimonios de las víctimas como única prueba, que a menudo son cuestionados por la sociedad.
Las fallas del sistema judicial y la impunidad en otros casos
El caso de “Gono taser” es un claro ejemplo de por qué muchas víctimas de violencia sexual no denuncian: el sistema falla repetidamente. De los cuatro casos que llegaron a la justicia:
- Solo uno resultó en condena.
- Un caso fue cerrado en 2023 sin juicio, con la fiscalía retirando la solicitud de audiencia sin explicación.
- Otro caso, el único en progreso, acaba de terminar las audiencias orales tras seis años.
- El caso que llevó a su captura, considerado el más violento, está estancado. La audiencia de formulación de cargos ha sido pospuesta por más de tres años.
La falta de celeridad, el desinterés y la ausencia de un enfoque de género han sido constantes en los procesos, evidenciando una problemática persistente en la judicialización de casos de violencia sexual.