A menos de un año de las elecciones presidenciales de 2026, una empresa privada vuelve a ocupar el centro del debate democrático en Colombia: Thomas Greg & Sons. La firma, que ha sido contratista clave de la Registraduría Nacional del Estado Civil durante más de una década, acaba de recibir un nuevo contrato por 2,1 billones de pesos para encargarse de la logística electoral del próximo año.
Pero más allá de su capacidad técnica, lo que ha generado inquietud es quiénes están detrás de esta poderosa compañía y si su cercanía con figuras políticas podría representar un conflicto de interés.
Los Bautista: los verdaderos dueños del voto
La empresa en Colombia está controlada por los hermanos Felipe y Camilo Bautista, herederos de Gregorio Bautista, quien fue representante de la firma británica original en el país. Con el tiempo, la familia Bautista asumió el control total de la operación local, convirtiéndola en una de las contratistas más influyentes del Estado colombiano.
La junta directiva de Thomas Greg & Sons ha sido históricamente un espacio de convergencia entre el sector privado y la política en el que han estado desde los expresidentes Juan Manuel Santos y Andrés Pastrana, Noemí Sanín, excanciller y excandidata presidencial, Ricardo Lozano, exembajador en Venezuela y figura del liberalismo, Charles Goodson-Wickes, exparlamentario conservador británico y, por supuesto, los hermanos Felipe y Camilo Bautista.
¿Conflicto de interés o coincidencia?
Precisamente por esa participación de rivales políticos, el presidente Gustavo Petro ha sido uno de los críticos más vocales de la relación entre Thomas Greg & Sons y el Estado. En declaraciones recientes, cuestionó que “una empresa privada con vínculos políticos tan evidentes tenga el control de la logística electoral”, y pidió mayor transparencia en los procesos de contratación.
La Misión de Observación Electoral (MOE) también ha expresado preocupación. En un informe de seguimiento, advirtió que “la concentración de contratos electorales en una sola empresa limita la competencia y puede afectar la percepción de imparcialidad del proceso”.
Un negocio multimillonario
Thomas Greg & Sons no solo maneja elecciones. También ha sido contratada para imprimir pasaportes, visas y documentos oficiales. En 2019, obtuvo un contrato por más de 100 millones de dólares para la impresión de pasaportes colombianos y en este momento ese es uno de los frentes de batalla del gobierno con esta empresa, pues el presidente Petro se niega en renovarles el contrato, lo que ha generado una posible crisis de pasaportes en el país
Además, la firma hace parte de la Unión Temporal Integración Logística Electoral 2026, junto con otras empresas donde figuran como accionistas entidades como Minhacienda y RTVC, lo que añade otra capa de complejidad al entramado de intereses
Con el contrato ya adjudicado y las elecciones en el horizonte, la pregunta que queda en el aire es si el país puede confiar plenamente en un proceso electoral gestionado por una empresa con tantos vínculos políticos. Como dijo un analista citado por Noticias RCN: “No se trata solo de legalidad, sino de legitimidad. Y en democracia, la percepción lo es todo”.