Un nuevo documento oficial de la Embajada de Portugal enviado al Ministerio de Relaciones Exteriores de Colombia pone en evidencia tensiones diplomáticas y revela que los obstáculos en la producción de pasaportes no serían atribuibles a la contraparte europea, sino al propio Gobierno colombiano.
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La misiva, conocida por La W Radio, detalla el cronograma de implementación del acuerdo bilateral para la elaboración y personalización de pasaportes, pactado en diciembre de 2024. En ella, Portugal deja constancia de que el plan avanzó de manera sostenida hasta marzo de 2025, cuando el proceso se estancó debido a reparos expresados por el nuevo equipo de la Cancillería, encabezado entonces por Laura Sarabia.
“Aunque con un retraso de dos meses respecto al plan inicialmente previsto”, el Gobierno portugués aprobó el acuerdo el 26 de febrero, y una delegación de alto nivel viajó a Bogotá a principios de marzo con el fin de formalizar la alianza y comenzar los trabajos técnicos que garantizarían su operatividad el 1 de septiembre.
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Reuniones sin avances y mesas suspendidas
En reuniones celebradas del 6 al 7 de marzo con funcionarios colombianos, se plantearon reservas legales y presupuestales que pusieron en pausa los avances. Entre ellas, la necesidad de convertir el acuerdo en un convenio interadministrativo internacional y garantizar los recursos para su vigencia por una década.
A pesar de conformar dos mesas de trabajo —una técnica y otra jurídica—, los esfuerzos se congelaron hacia finales de mayo, lo que genera preocupación en el país europeo por la falta de definición.
“Pero solo hemos sido convocados para aclarar dudas. A la fecha, no tenemos conocimiento, ni hemos sido involucrados en discusiones de naturaleza más estratégica”, señala el documento.
Portugal pide claridad al Gobierno colombiano
El mensaje final del Gobierno portugués es directo: la iniciativa no ha avanzado por falta de señales claras desde Bogotá. Por ello, piden una pronta reactivación del diálogo.
“Se hace necesario que el Gobierno de Colombia nos indique una estimación de fecha en la cual se puedan reunir las condiciones necesarias para la firma del convenio interadministrativo internacional, así como pretenden mantener la marca de agua y los diseños aprobados por el equipo anterior”.
Este pronunciamiento aumenta la presión sobre la Cancillería y suma un nuevo capítulo a la controversia que ha provocado la renuncia de tres ministros de Relaciones Exteriores en menos de un año, alimentando el debate sobre la responsabilidad del gobierno en una crisis que afecta a miles de ciudadanos sin posibilidad de tramitar sus documentos de viaje.