En un giro inesperado que ha puesto bajo la lupa a sectores del Gobierno nacional, la revista Semana reveló un documento oficial del Instituto Nacional Penitenciario y Carcelario (Inpec) que demuestra que la senadora Isabel Zuleta, del Pacto Histórico, solicitó formalmente el traslado de nueve reconocidos cabecillas de bandas criminales de Medellín para participar en un acto público con el presidente Gustavo Petro.
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La resolución, firmada por el director encargado de Custodia y Vigilancia del Inpec, teniente coronel Rolando Antonio Ramírez Sanabria, indica que la solicitud fue hecha por Zuleta el 19 de junio en calidad de “coordinadora para la construcción de paz urbana – Medellín y Valle de Aburrá”.
Entre los nombres incluidos en la solicitud figuran reconocidos líderes criminales como alias Juan 23, alias Tom, alias Carlos Pesebre, alias Saya, alias Calambre, alias Douglas, entre otros, todos con amplio prontuario delictivo y bajo custodia en la cárcel de alta y mediana seguridad de La Paz, en Itagüí.
Según lo divulgado por Semana, el traslado se gestionó para el sábado 21 de junio sin una hora específica, pero con el fin de que los reclusos participaran en un acto público en la plazoleta de La Alpujarra, donde estaría presente el presidente Gustavo Petro.
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La resolución del Inpec dejó claro que los internos debían ser regresados a su centro de reclusión inmediatamente después del evento y bajo estrictas medidas de seguridad para evitar cualquier intento de fuga o atentado.
“Las remisiones respectivas se efectuarán bajo rigurosas y extremas medidas de seguridad tendientes a garantizar la vida e integridad de las personas privadas de la libertad, así como evitar posible fuga o rescate”, señala el documento citado por Semana.
Asimismo, se estableció una restricción explícita: los reclusos tenían prohibido cualquier tipo de contacto con personas distintas a quienes participaran en la diligencia judicial.
Legalidad en entredicho
Tras conocerse la revelación de Semana, juristas y opositores han cuestionado fuertemente la legalidad de esta gestión. Para varios expertos, una remisión de reclusos de alta peligrosidad con fines no judiciales requeriría autorización directa de un juez, no de una solicitud política por parte de una senadora.
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El hecho ha encendido las alarmas sobre la posible utilización de las instituciones penitenciarias como herramientas de estrategia política. Ya hay llamados para que la Procuraduría y la Corte Suprema investiguen si hubo abuso de poder o extralimitación de funciones por parte de Zuleta y del Inpec.
Petro también en el ojo del huracán
La presencia de estos criminales en un evento público con el presidente Gustavo Petro también generó polémica por la frase que lanzó el mandatario durante la actividad:“La condena lava el delito.”
Con esas palabras, el presidente justificó la presencia de los capos, argumentando que la estrategia de “paz urbana” implica escuchar a todos los actores en conflicto y garantizar su inclusión en el proceso de transformación social.
Sin embargo, para muchos, esto representa una línea roja que no puede ser cruzada sin afectar la institucionalidad y la seguridad jurídica del país.
¿Y ahora qué sigue?
Este escándalo se suma a una serie de controversias que han rodeado recientemente al Gobierno Petro, como la convocatoria a una Asamblea Nacional Constituyente y las tensiones con las altas cortes.
Por ahora, los sectores de oposición han pedido explicaciones inmediatas y acciones disciplinarias. Desde el Congreso se anuncian debates de control político, y no se descarta una citación a la senadora Zuleta para rendir cuentas sobre el uso de su investidura en este polémico traslado.