La Fiscalía General de la Nación presentó una acusación formal contra María Isabel Urrutia Ocoró, exministra del Deporte, por presuntas irregularidades en el manejo de contratos durante el final de su gestión. El escrito asegura que la medallista olímpica habría ordenado la terminación de 104 contratos el 27 de febrero de 2023 —justo tras ser requerimiento del Presidente para su renuncia— y, posteriormente, los reinstaló, extendiendo su vigencia hasta diciembre de ese mismo año.
Según la Fiscalía, la acción habría ignorado los requisitos legales de la contratación pública. Por ello, imputaron a Urrutia del delito de “contrato sin cumplimento de requisitos legales”. La Corte Suprema de Justicia programará la fecha para las audiencias preparatorias de juicio.
¿Quién es María Isabel Urrutia?
María Isabel Urrutia, nacida en Candelaria (Valle del Cauca) el 25 de marzo de 1965, se forjó como figura de inspiración al alzarse con la primera medalla de oro olímpica colombiana en halterofilia en los Juegos de Sídney 2000 . Antes de esto, compitió en atletismo en los Juegos de Seúl 1988 y ganó múltiples campeonatos mundiales y medallas —un total de 24— en levantamiento de pesas.
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Tras su retiro, Urrutia estudió Educación Física, se especializó en Derechos Humanos y Mujer en Washington y La Haya, y se estrenó en política. Fue representante a la Cámara (2002-2010) por la circunscripción afro, donde promovió leyes para el deporte y contra la discriminación racial.
En agosto de 2022, fue nombrada ministra del Deporte por el presidente Petro —cargo que ocupó hasta marzo de 2023— con el propósito de llevar el deporte a regiones vulnerables y abrir oportunidades para niños deportistas.
Reacción oficial y contexto
Desde la Fiscalía, se asegura que Urrutia reunió firmas para la terminación de los contratos bajo “motivos personales”, solo para recontratarlos con vencimiento extendido hasta diciembre.
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Estas acusaciones coinciden con la salida de Urrutia del gabinete, luego de una misión presidencial que ordenaba su renuncia en febrero de 2023.
Ahora, la Sala Especial de Primera Instancia de la Corte Suprema debe fijar las fechas para las audiencias. De ser encontrada responsable, Urrutia podría enfrentar sanciones por violación a la normativa pública de contratación.