El gabinete del presidente Gustavo Petro se enfrenta a una nueva controversia legal. Una solicitud elevada por el exministro de Justicia, Wilson Ruíz, pide a la Procuraduría General de la Nación que investigue disciplinariamente a 19 ministros del actual Gobierno por presuntamente haber firmado un decreto inconstitucional para convocar una consulta popular sobre la reforma laboral que fue hundida en el Congreso.
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La polémica gira en torno al decreto 0639 de 2025, expedido por la Presidencia para llevar a votación ciudadana 12 preguntas sobre el modelo laboral que el Congreso se negó a tramitar. El principal argumento del jurista es que dicha acción desconoce el artículo 104 de la Constitución, que exige un concepto favorable del Senado para avanzar con cualquier consulta popular.
“La acción presentada se basa en el hecho de que el Senado emitió concepto negativo sobre el proyecto de consulta popular. A pesar de ello, el presidente y su gabinete expidieron el decreto, ignorando de forma flagrante lo dispuesto por la Constitución”, señala el documento conocido por la revista SEMANA.
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Entre los investigados figuran los ministros titulares de Interior, Defensa, Salud, Hacienda, Trabajo, Educación y otros sectores estratégicos, así como cuatro ministros encargados que firmaron en reemplazo de sus colegas, quienes se encontraban fuera del país. Esta circunstancia ha levantado sospechas adicionales. Según Ruíz, el uso de ministros encargados en el momento de la firma habría sido una “estrategia para esquivar responsabilidades disciplinarias”.
En su argumento, el exministro de Justicia sostiene que la conducta de los firmantes representa una violación abierta del orden constitucional. “Actuar en contra de un mandato del Senado es burlarse del pueblo colombiano”, expresó. Añadió que el Ejecutivo no puede desobedecer una decisión negativa del Legislativo e intentar revalidarla por la vía directa con los ciudadanos.
La solicitud ya está en manos de la Procuraduría, que deberá determinar si abre una investigación formal. De confirmarse alguna responsabilidad disciplinaria, este caso podría escalar a un nuevo conflicto institucional entre el Gobierno nacional y los órganos de control.