El expresidente de Medellín y aspirante presidencial, Daniel Quintero, volvió a insistir en que la salida al “colapso institucional” de Colombia es convocar una Asamblea Constituyente, repitiendo con determinación:
“Lo dijimos primero y lo dijimos claro, el camino es una constituyente. Las élites corruptas van a hacer de todo para impedir que el país cambie, no pasarán”.
Según Quintero, es urgente “resetear la política” para desmantelar las estructuras de poder tradicionales y terminar la corrupción enquistada en las instituciones. Esta temática no es nueva en su discurso: ya había afirmado que, de llegar a la presidencia, procedería a “cerrar el Congreso y convocar una constituyente” porque “el Congreso no va a dejar pasar eso”.
Además, enfatizó que la actual Constitución de 1991 “ya murió” y no sirve para enfrentar los desafíos del siglo XXI, haciendo un llamado a empezar un proceso de transformación profunda. Quintero señaló que una constituyente sería su primera acción presidencial y recalcó que hoy sería “mejor presidente con medio cerebro que esa porquería que tenemos ahí”.
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El exmandatario sostiene que cerrar el Congreso y abrir una convocatoria constituyente no solo sería “una presión nacionalista” sino una herramienta democrática capaz de remover al “soviet del Park Way” y las élites enquistadas en el poder. En marzo pasado ya había anticipado la fórmula: primero fuerza popular con consulta, luego Asamblea Constituyente si el Legislativo bloquea los cambios.
Quintero también interpela al sistema político tradicional: “Las instituciones actuales fueron creadas para mantener el statu quo... necesitamos un ‘control + alt + suprimir’ a Colombia”, añadió, asegurando que una nueva Constitución ampliaría derechos y garantizaciones para la ciudadanía.
Contexto político y resonancia del discurso
Las propuestas de Quintero han generado fuertes reacciones en el escenario político colombiano. El llamado a “resetear la política” conecta con la voz de un electorado fatigado por la corrupción, pero en contraste, ha sido calificado de populista y hasta antidemocrático por sectores más conservadores.
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Además, la coincidencia parcial con la postura del Gobierno Petro sobre consulta popular ha reforzado la relevancia del tema, introduciendo el debate de la Asamblea Constituyente dentro de la agenda nacional. Sin embargo, el posible cierre del Congreso sin respaldo legislativo ni constitucional clara ha sido criticado por expertos como una amenaza al principio democrático de separación de poderes.