El atentado contra el precandidato presidencial y senador del Centro Democrático Miguel Uribe Turbay abrió una nueva herida en la democracia colombiana, que desde hace décadas está llena de cicatrices.
(Lea también: Petro dice que si la Corte tumba decreto de la consulta popular, impulsará una Asamblea Nacional Constituyente).
Este no fue, sin embargo, el único hecho de violencia de política que se registró este año. De acuerdo con los registros de la Misión de Observación Electoral (MOE), solo en 2025 se han registrado al menos 11 asesinatos y nueve atentados contra líderes políticos.
Ante esta situación, PUBLIMETRO habló con Frey Muñoz, subdirector de la MOE, acerca de los riesgos que enfrenta la democracia de cara a las elecciones del 2026.
¿Qué implicaciones políticas está teniendo el atentado que sufrió el precandidato presidencial Miguel Uribe Turbay?
La Oposición política en Colombia tiene una seria preocupación por su ejercicio político y por las garantías institucionales que se brindan desde el Gobierno Nacional, razón por la cual no asistieron a la Comisión de Seguimiento Electoral, que es el espacio idóneo diseñado para que dialoguen los partidos políticos y las instituciones.
Lo otro tiene que ver con la capacidad que tienen estas precandidaturas para desarrollar sus actividades. Aún no se trata de proselitismo político porque no son candidatos propiamente. Pero las conversaciones que sostienen con empresarios y con sectores sociales, naturales del ejercicio político, se ven mermadas por las garantías de seguridad que se pueden dar y por el accionar de los grupos armados ilegales. Eso infunde temor y miedo.
Un tercer hecho es una alerta que ya venía siendo dada a partir de la polarización que se está presentando en Colombia. La consulta popular es un tema en torno a ese debate y ahí se ven las posiciones que en muchos casos van a extremos. Ahí se hace un llamado a toda la sociedad frente a la polarización, el uso de los medios de comunicación, la manipulación, la desinformación y los discursos que rayan con el odio.
¿Ustedes consideran que convocar una consulta popular a menos de un año de las elecciones del 2026 podría interferir en ese proceso democrático?
Los mecanismos de participación democrática son un gran logro de la Constitución de 1991 y en general no tienen términos sobre cuándo se deben realizar. Son instrumentos que se tienen. En este caso la consulta popular es una herramienta de ejercicio de Gobierno. En sus orígenes, la consulta popular es precisamente una convocatoria del Gobierno a la población sobre un asunto de trascendencia nacional.
Acá uno puede decir que, desde el punto de vista del mecanismo de participación, es lógico que se trata de un instrumento legal e idóneo para desarrollar ciertas políticas públicas.
Ahora, el llamado si se entrecruza con un calendario es a que la ciudadanía tenga madurez para reconocer el carácter de lo que se está discutiendo y las implicaciones que tiene en lo electoral. Que se mencione un asunto laboral es muy importante. Tiene que colocarse siempre en el radar de los programas de Gobierno. De hecho, es bueno que se discutan asuntos de ese talante siempre que el debate sea sin mentiras, sin desinformación, sin manipulación. Por eso es muy importante siempre que la ciudadanía esté informada. Ese es un defecto que tenemos los colombianos. ¿Cuántos se leen un programa de Gobierno? ¿Cuántos se leen un proyecto de ley? Eso es un aspecto de pedagogía que todos tienen que trabajar.
No hay que temer que se entrecruce, sino tener una ciudadanía informada sobre lo que se está discutiendo. Efectivamente, puede ser utilizado como plataforma política. Lo han hecho muchos por años en todos los niveles territoriales siempre de cara a un proceso electoral se abren referendos o consultas ciudadanas. Lo importante es que se respeten la institucionalidad y las formas. Que los discursos no polaricen, sino que sean frente a asuntos completos.
¿Cuál es el llamado que le hacen desde la MOE al Gobierno y a los partidos políticos a propósito de este clima de polarización?
Primero, estamos en un Estado Social de Derecho que tiene un marco democrático. La democracia son reglas de juego, procedimientos, instituciones que regulan toda la vida en sociedad. Entonces, el llamado es a respetar las instituciones. Hay una división de poderes, cada una tiene sus competencias y funciones.
Ahora, en sus pronunciamientos y su accionar: respeto entre instituciones y como personas. Somos personas y aquí el marco no tiene que ser de enemigos, sino de discusiones. Porque eso también lo permite la democracia, el respeto por el otro. La regla de juego para acceder al poder es el voto. Eso es un llamado muy importante.
Después del atentado contra Miguel Uribe, el Gobierno Nacional convocó la Comisión de Seguimiento Electoral. Sin embargo, varios partidos y líderes políticos decidieron no ir. ¿Qué consecuencias tuvo esa decisión?
No fueron escuchadas sus voces en el seno de esa comisión, la cual es el mecanismo institucional diseñado para resolver asuntos político-electorales. Entonces, se entró a dialogar con partidos que hacen parte del ala de Gobierno. Sí asistió un partido independiente. Se dijeron cosas importantes en toda esta reunión por parte de los diversos precandidatos, senadores y líderes de partidos. Sí hace falta escuchar esas otras voces porque cada uno desde su ala política tiene cosas que decir. Y ese era el escenario para decirles al presidente de la República y al ministro del Interior que son ellos los que tienen que liderar toda esa estrategia.
Se abrió un espacio con la Procuraduría General de la Nación que, entiendo, actuará como garante en su rol de defensora de los Derechos Humanos. También como autoridad disciplinaria de la función pública recibe razón de los partidos políticos, que se están quejando del accionar del Gobierno Nacional en cuanto a garantías electorales.
El ministro del Interior, Armando Benedetti, ha dicho que el presidente Gustavo Petro se ha comprometido a “bajar el tono” de la conversación. ¿Qué otras medidas podría tomar el Ejecutivo para disminuir la frecuencia y la polarización en Colombia?
Es un asunto complejo, dado que las ideas políticas tienden a tener posturas que muchas veces no son fáciles de cambiar. Son una convicción.
Sí se espera un comportamiento. Llevamos pocos días de esta situación de empezar a ver cómo se moderan los discursos por parte de este actor institucional que, debido a que es Gobierno, debe brindar imparcialidad desde un punto de vista normativo y de garantías electorales.
En ello tiene razón la Oposición al decir: ‘Bueno, como Gobierno debe mantener las garantías para todos los actores, frente a los partidos políticos que tienen un interés en acceder al poder’. Que no se vea tanto al Gobierno o a un ministro con ciertos pronunciamientos que enrarecen precisamente ese ambiente político. De ello es que se queja la Oposición y por eso pide garantías frente a la Procuraduría.
Esta semana la MOE publicó algunas cifras sobre violencia política en Colombia. Solo en 2025 hubo 34 amenazas, 11 atentados, nueve asesinatos y tres secuestros contra líderes políticos. ¿Por qué al Estado colombiano le cuesta tanto y tiene tantas dificultades para garantizar esa seguridad de los actores políticos en Colombia?
Esto de los líderes es una tendencia que se ha venido incrementando desde el 2022. Normalmente, en el seguimiento que hacíamos identificábamos que el mayor riesgo lo tenían los líderes sociales. A razón de todos estos procesos de paz y de que algunos actores sociales pasaron a hacer un ejercicio político se ve ese incremento.
Y bueno, la situación de Colombia no es solo de estos tres años que van de Gobierno, sino de mucho antes. Nuestra historia institucional como Estado prácticamente ha estado marcada por conflictos de diferentes vertientes y dinámicas. Ahorita, a razón de todo el Proceso de Paz, se presentó una atomización de actores armados ilegales con intereses. Muchos de ellos ya no son sobre un proyecto político, sino que se trata de intereses económicos, de lucro.
La MOE recomienda como táctica para las elecciones que se articulen las estrategias de seguridad y paz con la electoral para que haya condiciones mínimas de garantías. Esto es para que los candidatos puedan hacer campañas y dar a conocer sus propuestas. En algunos lugares el territorio está dominado y están carnetizados los ciudadanos.