En medio de la 59 Convención Bancaria de Asobancaria, desarrollada en Cartagena, se vivió uno de los momentos más tensos del evento: el exalcalde de Medellín, Daniel Quintero, fue abucheado por el público tras ser presentado como uno de los precandidatos presidenciales.
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El episodio ocurrió cuando Andrés Mompotes, director de El Tiempo, dio paso a la intervención de Quintero. Casi de inmediato, un sector del público, integrado en su mayoría por empresarios del sector financiero, comenzó a rechiflar y lanzar gritos como “¡bandido!”.
El moderador tuvo que intervenir para pedir respeto hacia los precandidatos, pues también hubo expresiones de desagrado hacia Gustavo Bolívar, otro de los asistentes al panel político del evento.
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La tensión con Quintero no es nueva: su gestión como alcalde de Medellín ha sido objeto de múltiples cuestionamientos, especialmente por sectores empresariales de Antioquia que lo consideran un actor político polarizante. A esto se suma el reciente proceso judicial en su contra.
Caso Aguas Vivas: Fiscalía imputa a Daniel Quintero
La Fiscalía General de la Nación imputó formalmente a Daniel Quintero por los delitos de:
- Peculado por apropiación en favor de terceros
- Interés indebido en la celebración de contratos
- Prevaricato por acción
Estos cargos se derivan de su presunta participación en irregularidades en el proyecto Aguas Vivas, específicamente en la compra de un lote cuyo valor fue inflado de forma significativa, lo que habría generado un presunto detrimento patrimonial.
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Según el ente acusador, durante su alcaldía, Quintero habría facilitado la adquisición de un predio por $1.2 millones por metro cuadrado, cuando su valor real rondaba los $300.000 por metro cuadrado, beneficiando a terceros en el proceso.
El caso ha sido considerado por expertos como una alerta sobre posibles redes de corrupción en las administraciones locales y un punto débil para Quintero en su aspiración presidencial.
¿Qué es el proyecto Aguas Vivas?
El Proyecto Aguas Vivas fue anunciado por la Alcaldía de Medellín como una estrategia para mitigar riesgos de inundación y garantizar acceso al agua potable en zonas vulnerables. No obstante, ha sido objeto de críticas por falta de planeación, sobrecostos y presunta contratación direccionada.
