Desde la madrugada del 30 de mayo, Bucaramanga y su Área Metropolitana vivieron una jornada de caos en la movilidad debido a una protesta masiva de motociclistas que bloquearon puntos estratégicos como la autopista entre Floridablanca y Bucaramanga, la glorieta de Papi Quiero Piña, la Puerta del Sol y el Instituto Colombiano del Petróleo (ICP) en Piedecuesta.
La razón del bloqueo es el fallo reciente de un juez que ordenó a la Alcaldía de Bucaramanga implementar en un mes medidas concretas contra el mototaxismo, actividad que ha crecido exponencialmente en los últimos años. La medida incluye restricciones como la prohibición del parrillero hombre mayor de 18 años, lo que ha encendido las alarmas entre miles de ciudadanos que usan la moto como su medio de trabajo o transporte diario.
UNDMO tuvo que intervenir
La tensión creció en el transcurso del día, obligando a la intervención del Escuadrón Móvil Antidisturbios (Esmad) para despejar las vías. Hubo enfrentamientos leves, gases lacrimógenos y largas filas de vehículos atrapados en medio del plan tortuga organizado por los motociclistas.
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El alcalde de Bucaramanga, Jaime Andrés Beltrán Martínez, aseguró que aún no se ha adoptado ninguna medida definitiva y calificó la protesta como “anticipada e injustificada”. “Estamos escuchando todas las voces antes de actuar. La sentencia existe, pero aún no hemos tomado decisiones finales”, indicó en rueda de prensa.
Impacto en movilidad y economía local
Esta protesta se suma a los recientes paros que han afectado la movilidad en la ciudad, provocando que Bucaramanga viva tres días consecutivos de bloqueos, afectando tanto el transporte público como el comercio local. Las autoridades han recomendado el uso de rutas alternas y mantenerse informados por canales oficiales.
Alta dependencia de la moto en Bucaramanga
Según datos de tránsito, Bucaramanga y su Área Metropolitana cuentan con más de 458.000 motociclistas activos, y solo en 2025 ya se han matriculado cerca de 500 nuevas motocicletas, lo que muestra el papel central que tienen las motos en la economía urbana.
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La administración local enfrenta ahora el desafío de cumplir el fallo judicial sin desatar una crisis social. Mientras tanto, la ciudadanía exige soluciones que respeten tanto el derecho al trabajo como el orden público.