Tras el brutal abuso Sara, una niña indígena de 12 años, por parte de su padrastro, la menor quedó embarazada. Ante este caso, la Corte Constitucional tomó una importante decisión pues debido a su corta edad, el embarazo era de altísimo riesgo y los médicos le recomendaron interrumpirlo. Sin embargo, el cabildo indígena se negó a interrumpir el embarazo y tuvo que dar a luz.
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La menor, acudió a un centro médico para interrumpir el embarazo y cuándo la comunidad se enteró se negaron a darle aval al procedimiento. También, causó polémica que, durante la investigación, el padrastro de Sara siguió viviendo en la misma casa que ella, su madre y sus dos hermanas menores.
Sara y su madre ingresaron a una IPS para que la menor pudiera llevar allí su embarazo de alto riesgo. Sin embargo, tras el parto, ambas tuvieron que regresar a su hogar sin acompañamiento institucional alguno y convivir nuevamente con el padrastro agresor, quien permaneció en la misma vivienda hasta febrero de 2024, cuando finalmente fue capturado por las autoridades.
La Corte Constitucional de Colombia falló en contra del cabildo indígena que le negó a una niña indígena de 12 años, víctima de abuso sexual, el acceso a la Interrupción Voluntaria del Embarazo (IVE). El tribunal declaró que se configuró un “daño consumado en lo referente al derecho fundamental a una vida libre de violencias de género”, subrayando la gravedad de la omisión institucional.
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El caso, que ha generado indignación nacional, dejó en evidencia una alarmante colisión entre el pluralismo jurídico y los derechos fundamentales de niñas y adolescentes. La Corte ordenó medidas inmediatas de protección y seguimiento para la menor y su familia, incluyendo acompañamiento psicológico, apoyo económico y programas sociales que garanticen su autonomía e independencia.
Además, la Defensoría del Pueblo deberá entregar informes trimestrales sobre el cumplimiento de las órdenes judiciales y liderar un programa de formación en derechos humanos dirigido a las autoridades tradicionales del resguardo indígena involucrado.
En un precedente clave, la Corte también ordenó al cabildo indígena abstenerse de impedir futuras solicitudes de IVE en circunstancias similares, y le exigió crear un protocolo de atención y documentación para casos de violencia sexual contra niñas, niños y adolescentes dentro de sus comunidades. El fallo marca un hito en la defensa de los derechos sexuales y reproductivos de las menores en contextos étnicos, y pone sobre la mesa la urgencia de armonizar la justicia indígena con la Constitución.