Un total de 18 presuntos integrantes de una red criminal que se habría apropiado ilegalmente de terrenos en Soledad, Atlántico, fueron judicializados. Al parecer, comercializaban los terrenos con terceros que los compraban de buena fe.
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“La organización delictiva, aprovechando las funciones y cargos públicos que desempeñaban varios de los posibles implicados, se habría apoderado irregularmente de dos terreros privados y otros dos públicos destinados para la construcción de un parque vecinal y un megacolegio, que superaban en extensión los 11.000 metros cuadrados y ascendían en valor a 2.900 millones de pesos”, indicó la Fiscalía General de la Nación a través de un boletín de prensa publicado en la mañana de este jueves 29 de mayo.
Así se quedaban con lotes públicos y privados
De acuerdo con el ente investigador, se conoció que la red presentaba documentos falsos con el fin de acceder a los predios del Estado. Allí advertían de forma gratuita que había una cesión de los bienes por parte de autoridades locales o terceros.
Mientras tanto, cuando los lotes pertenecían a privados, la Fiscalía encontró que tramitaron demandas de posesión que se fundamentaban en actuaciones que no existían o eran espurias.
“Los abogados que harían parte del entramado de corrupción, al parecer, realizaban las gestiones administrativas con escrituras públicas, resoluciones administrativas y licencias urbanísticas falsas, que posteriormente eran registradas para transferir fraudulentamente las propiedades. De esta manera, plantearon pleitos civiles de pertenencia para aparentar posesión legítima y obtener decisiones judiciales que avalaran la inscripción de los terrenos en favor de particulares”, advirtió la Fiscalía.
Entre otras cosas, citaron el presunto pago de una coima a un asesor de la Secretaría de Gobierno de Soledad.
En uno de los audios, precisamente, se escucha cómo uno de los sujetos habla de la entrega de “15 millones de pesos”.
Funcionarios fueron salpicados en la investigación
Adicionalmente, la Fiscalía explicó cómo estaban involucrados varios funcionarios públicos en esta red de corrupción.
“Se identificó en los eventos de las ocupaciones ilegales de predios del Estado (cesión de zona verde y cesión de área de equipamiento) que varios funcionarios calificaran y validaron registros para el cambio de titularidad de los predios afectados, expidieron autos, conceptos, resoluciones o escrituras basadas en información ilegal, y reconocieran querellas de posesión o acreditaran la tenencia ilegal del predio”, concluyó el ente investigador.
Por último, se conoció que en un trabajo articulado de varios fiscales pertenecientes a la Dirección Especializada contra la Corrupción imputaron a los 18 presuntos integrantes de la red, según cada caso, delitos como peculado por apropiación, prevaricato por acción, fraude procesal, falsedad material en documento público, falsedad ideológica en documento público, falsedad en documento privado, estafa agravada, urbanización ilegal, invasión de tierras, cohecho propio, cohecho por dar u ofrecer y falso testimonio.
“Los cargos no fueron aceptados. Por disposición de los jueces de control de garantías Cárcamo Albarino al igual que la notaria Ana Dolores Caballero deberán permanecer privados de la libertad en su lugar de residencia”, expresó la Fiscalía.
Y señaló que tres personas seguirán vinculadas a la investigación, mientras que otras 12 fueron cobijadas por una medida de aseguramiento en establecimiento carcelario.