Lo que comenzó como un caso aislado en Medellín ha dejado al descubierto un sistema organizado de explotación sexual infantil, donde incluso miembros de la propia familia participan en el abuso. El 27 de mayo de 2025, una joven de 20 años fue sentenciada a 21 años y 2 meses de cárcel por entregar a su prima de 11 años a un ciudadano extranjero a cambio de $300.000 y un celular de alta gama.
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El hecho ocurrió el 23 de noviembre de 2023 y fue investigado por la Fiscalía con el apoyo de la Oficina de Investigaciones de Seguridad Nacional de EE.UU. (HSI). La mujer fue declarada culpable de proxenetismo con menor de edad y acceso carnal abusivo agravado tras aceptar los cargos.
Pero lo más alarmante del caso no es solo el hecho aislado, sino lo que reveló: una estructura transnacional de abuso sexual infantil con epicentro en Medellín, utilizada como destino por depredadores sexuales extranjeros.
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Un abusador reincidente con más de 45 entradas al país
El victimario, Stefan Andrés Correa, con doble nacionalidad ecuatoriana-estadounidense, había viajado a Colombia al menos 45 veces desde 2022. Su modus operandi consistía en contactar proxenetas locales —muchas veces familiares de las víctimas— y pagarles por encuentros con menores de edad.
Durante su captura en el Aeropuerto de Miami, se le incautaron nueve celulares y un portátil con evidencia contundente: grabaciones de los abusos, conversaciones con proxenetas, y negociaciones explícitas. En uno de los mensajes recuperados, Correa escribió:
“Ok, entonces, $300.000 para ti y $300.000 para ella y un iPhone 7 u 8 Plus. Necesitas estar en el baño, por favor, para que haya privacidad porque probablemente volverá a llorar del dolor. Así sabrá que no hay vuelta atrás”.
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Este tipo de intercambios evidencian no solo la violencia física sino también el grado de planificación detrás de cada abuso. El caso de Correa puso sobre la mesa un patrón recurrente: extranjeros que abusan de la vulnerabilidad social y económica de comunidades urbanas para cometer crímenes sexuales.
El papel de las redes familiares y sociales en la explotación infantil
Una de las revelaciones más perturbadoras es que quienes facilitaban estos encuentros eran personas cercanas a las víctimas. La joven condenada era prima de la niña abusada y presuntamente gestionaba nuevos encuentros con otras menores del mismo entorno familiar.
Asimismo, fue identificada otra implicada: María Camila Cano Cuervo, de 19 años, quien habría gestionado un encuentro similar entre Correa y una adolescente de 15 años. Aunque no aceptó cargos, su libertad fue apelada por la Fiscalía, que continúa investigando a fondo las ramificaciones de esta red.
Más allá de una sentencia: un problema estructural
Este caso pone de manifiesto un problema estructural en Medellín: la existencia de redes de explotación infantil que operan bajo la protección del anonimato digital y el silencio familiar, en un contexto de pobreza y desprotección institucional. La ciudad, históricamente golpeada por la violencia, enfrenta ahora una amenaza silenciosa: el turismo sexual de menores.