La polémica se encendió este jueves en Pereira tras la publicación de un trino por parte de la representante a la cámara Carolina Giraldo Botero, que denuncia el presunto uso de recursos públicos para favorecer la campaña política de la esposa del actual alcalde. En la denuncia, que circula ampliamente en redes sociales, se muestra un recibo de servicio de agua que incluye una fotografía de la candidata junto al logo oficial de la Alcaldía de Pereira.
“¿A ustedes en otras ciudades también les llega el recibo del agua con la foto de la candidata/esposa del alcalde haciendo campaña con recursos públicos? ¿O pasa solo en Pereira?”, se lee en el mensaje que hizo público la grave acusación.
La publicación también etiqueta a entidades como la Contraloría General de la República (@CGR_Colombia), la Procuraduría General de la Nación (@PGN_COL) y la Misión de Observación Electoral (@moecolombia), exigiendo su pronta intervención y calificando el hecho como una violación de varios principios constitucionales y normas anticorrupción.
“Esto no puede normalizarse. ¡Exijo transparencia y respeto por los recursos de todos los pereiranos!”, señala el autor del trino.
Posible violación al artículo 209 de la Constitución
Expertos en derecho público han indicado que el caso podría representar una transgresión al artículo 209 de la Constitución, que establece que “la función administrativa está al servicio de los intereses generales y se desarrolla con fundamento en los principios de igualdad, moralidad, eficacia, economía, celeridad, imparcialidad y publicidad”.
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Asimismo, se advierte una posible vulneración del artículo 10 del Estatuto Anticorrupción, que prohíbe el uso de bienes y recursos públicos para fines electorales o de promoción personal.
Llamado a los entes de control
El hecho ha generado una fuerte reacción en redes sociales y en sectores ciudadanos, quienes piden acciones inmediatas de la Procuraduría, la Contraloría y la Registraduría Nacional. Hasta el momento, la Alcaldía de Pereira no ha emitido un pronunciamiento oficial frente a la denuncia.
La Misión de Observación Electoral (MOE) se encuentra evaluando el caso y no se descarta que emita una alerta temprana si se confirma el uso indebido de publicidad institucional con fines proselitistas.
Este caso pone nuevamente en el centro del debate la necesidad de blindar las administraciones públicas durante época electoral, garantizando la equidad y la transparencia en el uso de los recursos de todos los ciudadanos.