El Congreso de la República vuelve a estar en el centro de la polémica tras conocerse que el salario mensual de los congresistas en Colombia pasará de $48 millones a cerca de $52 millones a partir de 2025. El incremento de más de $3,3 millones se debe a un ajuste retroactivo que se calcula en función del aumento salarial acordado entre el Gobierno y los sindicatos de trabajadores estatales.
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El pacto, anunciado el 30 de abril de 2025, contempla un incremento del 7% para los servidores del Gobierno Central, y aunque está enfocado en beneficiar a los empleados públicos, también impacta directamente los ingresos de los congresistas, cuyo salario se indexa con base en ese promedio.
Las reacciones en redes sociales no se hicieron esperar. Desde la superintendenta de Economía Solidaria, María José Navarro, hasta figuras como el exsenador Gustavo Bolívar, se pronunciaron en contra del ajuste. Bolívar fue enfático en señalar que “se oponen a las horas extras para trabajadores pobres, pero se suben su propio salario sin pestañear”.
Con este aumento, los legisladores pasarán a ganar el equivalente a 37 salarios mínimos mensuales, lo que ubica a Colombia entre los países con mayor brecha salarial entre ciudadanos y parlamentarios. A pesar de las críticas recurrentes, los proyectos que buscan reducir estas remuneraciones han tenido poco avance en el Legislativo.
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El senador Iván Cepeda denunció recientemente que el proyecto de su autoría para reducir el salario de los congresistas a 20 salarios mínimos —unos $28.470.000— permanece estancado. Según él, la iniciativa fue relegada al puesto 108 en el orden del día, lo que evidencia la falta de voluntad política del Senado para discutir la medida.
“Efraín Cepeda, presidente del Senado, no tiene ninguna intención de que se debata mi proyecto. Esta es una maniobra para sepultarlo sin dar la cara”, escribió Cepeda en su cuenta de X.
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Mientras tanto, los congresistas seguirán disfrutando de beneficios adicionales como esquemas de seguridad, vehículos oficiales, tiquetes aéreos y unidades de apoyo legislativo, en un país donde el salario mínimo mensual apenas supera el millón de pesos.