La exministra de Minas y Energía y actual directora de la Agencia Nacional de Licencias Ambientales (ANLA), Irene Vélez Torres, ha sido objeto de múltiples controversias en su carrera pública.
Recientemente, el representante a la Cámara por el Centro Democrático, Andrés Forero, denunció que Vélez recibió más de 90 millones de pesos del Estado en beneficios por repatriación, a pesar de haber dejado anticipadamente su cargo como cónsul en Londres. Según Forero, Vélez no cumplió el requisito legal de permanecer al menos un año en el cargo diplomático, tal como lo establece el Decreto 274 de 2000. No obstante, el Gobierno habría autorizado el pago de viáticos, tiquetes y primas de instalación, argumentando su salida como un “retiro del servicio” mediante el Decreto 436 del 10 de abril de 2025.
El congresista cuestionó la legalidad de esta figura, señalando que se pudo utilizar para eludir la restricción que impide reconocer beneficios económicos a quienes renuncian voluntariamente antes del año. “El retiro no constituye una excepción válida para habilitar esos pagos”, señaló Forero.
El nombramiento de Vélez en la ANLA fue oficializado el 21 de marzo, antes de la fecha de su salida formal del consulado, lo que refuerza las dudas del congresista sobre una posible maniobra administrativa para justificar el desembolso.
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Los pagos autorizados incluyen 14.416 dólares, 9.881.954 pesos y tiquetes por 20.263.000 pesos, destinados tanto a Vélez como a su grupo familiar.
Esta no es la primera vez que Vélez enfrenta cuestionamientos por su conducta en el ejercicio de funciones públicas. En abril de 2024, la Procuraduría General de la Nación formuló pliego de cargos contra ella por presunto tráfico de influencias. La exministra habría utilizado su posición para gestionar la salida del país de sus hijos menores de edad sin contar con el permiso legal requerido, valiéndose de una llamada telefónica y un correo electrónico dirigidos a funcionarios de Migración Colombia.
Además, en febrero de 2023, Vélez fue denunciada ante la Fiscalía General de la Nación por presuntas irregularidades en el informe “Balance de contratos de hidrocarburos y recursos disponibles para la Transición Energética Justa”. La denuncia, presentada por congresistas del partido Centro Democrático, señala que Vélez habría consignado información falsa y tergiversado datos sobre las reservas de petróleo y gas natural del país.
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Estos episodios han generado preocupación sobre la gestión de Vélez y su cumplimiento de las normas legales y éticas en el ejercicio de sus funciones públicas. Hasta el momento, el Ministerio de Relaciones Exteriores no ha emitido una respuesta oficial sobre las denuncias relacionadas con su salida del consulado en Londres.