A menos de dos meses del cierre del actual periodo legislativo, el Congreso colombiano enfrenta una disyuntiva crítica: permitir que se archive el proyecto de Ley Integral Trans o avanzar en su aprobación como un paso decisivo hacia la igualdad. La urgencia de este debate se reavivó con el transfeminicidio de Sara Millerey, mujer trans de 32 años, brutalmente asesinada en Bello, Antioquia.
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Su caso, que ha causado indignación dentro y fuera del país, se convirtió en símbolo de una lucha que lleva años silenciada en los pasillos del poder. “Esperamos que el proyecto genere conciencia. Es una oportunidad del Congreso para garantizar los derechos de la población trans y no seguir siendo cómplices de la discriminación tan grande que existe”, declaró el representante Gabriel Becerra, coordinador de ponentes de la iniciativa.
Una ley robusta para una población históricamente excluida
El proyecto propone un marco normativo integral para personas trans y no binarias, abordando temas que van desde la educación hasta el acceso digno al sistema de salud. También establece mecanismos para prevenir la discriminación institucional. “No solo queremos que no nos maten en una esquina, sino vivir dignamente”, afirma Ian Arias, integrante de la plataforma que redactó la propuesta.
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Entre sus puntos clave están:
- Reconocimiento legal de identidades trans y no binarias.
- Eliminación de obstáculos en el acceso a salud, educación y empleo.
- Sanciones contra funcionarios que incurran en actos discriminatorios.
- Generación de datos estadísticos oficiales para visibilizar a la población trans.
Una violencia que también se expresa en silencio institucional
En lo que va del año, 32 personas LGBTIQ+ han sido asesinadas, 15 de ellas con experiencias de vida trans, según el Observatorio de Derechos Humanos de Caribe Afirmativo. La violencia, como lo evidencian los datos, va más allá de los crímenes físicos: la falta de acceso a servicios, el estigma social y la desinformación institucional también excluyen.
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“Muchos servicios y tratamientos se restringen porque están generizados”, explica Arias. “No hablo de hormonas ni cirugías, sino por ejemplo del examen de la próstata, que puedan ser habilitados para las mujeres trans cuando han cambiado su componente sexo en los documentos de identidad”.
¿Una ley con nombre propio?
Becerra anticipó que se estudia bautizar la ley con el nombre de Sara Millerey, como acto simbólico y político. La posibilidad representa un llamado a mirar más allá del expediente legislativo: “Hay que abrir una conversación pública de una sociedad que tiene que mirarse a sí misma para responderse por qué somete a la deshumanización y al exterminio a personas por no cumplir determinados mandatos tradicionales”, concluye Arias.