La posibilidad de aprobar una consulta popular por decreto fue nuevamente mencionada por el presidente Gustavo Petro, generando una nueva controversia en medio del proceso de construcción de esta herramienta de participación ciudadana. El jefe de Estado afirmó que, si el Congreso no da vía libre a las propuestas que surjan de la consulta, el Ejecutivo tomará las riendas.
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Durante una reciente intervención, Petro señaló que la ley contempla un marco temporal claro para transformar en normas las decisiones que emanen de este mecanismo democrático. “La consulta popular obliga en menos de seis meses a aprobar como leyes las preguntas aprobadas en el proceso. Si el Congreso no las aprueba, el Presidente queda facultado a aprobarlas por decreto”, expresó el mandatario.
El próximo 1 de mayo se radicará oficialmente en el Senado el texto de la consulta popular. La iniciativa contará con el respaldo directo de los ministros de Trabajo e Interior, Antonio Sanguino y Armando Benedetti, quienes han liderado la estructuración de las preguntas con el acompañamiento de sindicatos y sectores sociales.
Mañana se revelarán públicamente los interrogantes definitivos que se someterán a votación, en un acto que tendrá lugar en la sede del Ministerio del Interior.
Debate jurídico sobre validez y efectos
La discusión no ha estado exenta de voces críticas. El abogado constitucionalista Óscar Ortiz González, en entrevista con La FM de RCN, advirtió que la consulta enfrenta varios filtros de legitimidad: “13,6 millones de personas deben asistir a las urnas, votando ‘sí’ o ‘no’, para que la consulta popular sea válida. Si participa menos gente, la consulta no surte efecto. Además, gane el ‘sí’ o el ‘no’, el resultado no es vinculante, es decir, no es válida la decisión”.
Petro hizo un llamado a la movilización ciudadana
En su más reciente alocución presidencial, Petro invitó a la ciudadanía a movilizarse el 1 de mayo en respaldo a esta iniciativa, considerada por el Gobierno como un paso fundamental en su agenda de transformaciones sociales. Según explicó, el objetivo es que millones de personas “salgan a las calles a respaldar la iniciativa”, en un gesto que busca reforzar la legitimidad del proceso frente al Congreso y a la opinión pública.
