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Mesetas, Meta, está siendo asediado por las extorsiones de las disidencias de las Farc

La Defensoría del Pueblo advirtió que la situación de seguridad en esa región del país es grave por el alto incremento de desapariciones forzadas, masacres y extorsiones.

En cuatro visitas que realizó la Defensoría del Pueblo a la cárcel de mujeres en Jamundí encontró que más de mil reclusas no cuentan con servicios de salud.
Defensoría del Pueblo en cárcel de Jamundí Twitter @defensoriacol 02/05/2023

Luego de hacer un trabajo en territorio, con la participación de funcionarios de su Regional Meta, la Defensoría del Pueblo les hace un llamado al Gobierno Nacional y a sus Fuerzas Militares y de Policía, pues la comunidad y el comercio del municipio de Mesetas no aguantan más las extorsiones a las que están siendo sometidos por el frente Éver Castro, del Estado Mayor Central (EMC) de las disidencias de las Farc.

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Es preciso que tanto la Policía como el Ejército brinden garantías de seguridad, porque quienes viven del comercio, al recibir un panfleto intimidatorio cuya autoría sería de esas disidencias, se vieron obligados a cerrar sus negocios, y alrededor de 3200 personas del pueblo fueron obligadas a asistir a reuniones al sitio conocido como Guayabero o Planchón del Guayabero, donde los esperaban cabecillas de esa estructura criminal, al mando de ‘Iván Mordisco’, situación que ha sembrado aún más la zozobra y el terror en la zona.

A través de la emisión de la Alerta Temprana 026 del 2020, la Defensoría advirtió las conductas delictivas mencionadas, además de situaciones que habrían estado relacionadas con desapariciones forzadas, masacres, enfrentamientos con interposición de la población civil, reclutamiento, uso y utilización de niñas, niños y adolescentes, contaminación por minas antipersonales, entre otras, en Mesetas y áreas circundantes.

Los afectados, señaló en su momento el documento de advertencia y prevención, habrían sido personas defensoras de derechos humanos, campesinos, mujeres, indígenas, menores de edad, integrantes de juntas de acción comunal, personas en procesos de reincorporación, servidores públicos, población migrante e integrantes de organismos comunitarios.

El EMC, que ha afirmado estar dispuesto a construir la paz, con la práctica de delitos como la extorsión y el homicidio de líderes sociales está dejando claro que no le interesa, motivo por el que la institución garante de los derechos de los colombianos y de quienes habitan en el territorio nacional lo conmina, como también a las demás estructuras al margen de la ley que delinquen no solo en el oriente, sino en los demás lugares del país, a mostrar gestos reales y efectivos.

Renunciar a todas las formas de violencia, cuyas víctimas siempre son las comunidades, especialmente aquellas que viven en zonas de difícil acceso para la institucionalidad gubernamental, son muestras verdaderas que permitirán conducir a buscar la paz que tanto anhelan los colombianos.

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