Una comunidad completa confinada en una iglesia cristiana de la zona rural del municipio de Suárez, Cauca, es la última de las numerosas tragedias que han proliferado en el suroccidente colombiano a raíz del conflicto armado. Ante la difícil situación de orden público que se presenta en la región, el presidente Gustavo Petro llegó hoy al municipio de Morales para presidir un consejo de seguridad.
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Fue en Morales donde se produjeron las angustiosas imágenes que muestran el hostigamiento contra una estación de Policía, al parecer, perpetrado por el frente Jaime Martínez de las disidencias de las Farc del Estado Mayor Central (Emc). El ruido de las detonaciones y las ráfagas de los disparos causaron indignación nacional y provocaron que el presidente Gustavo Petro hiciera varios anuncios.
Entre otras cosas, calificó lo ocurrido como inaceptable, advirtió que no iban a dejar que los actores armados siguieran atacando a la población civil y les pidió al ministro de Defensa, Iván Velásquez, y a la cúpula militar instalar un consejo de seguridad permanente.
Más tarde, se conoció que habría un cambio en la comandancia del Ejército Nacional, pues el general Luis Ospina dejaría de estar al frente de esa fuerza. Además, anunció quién será su reemplazo.
“En el día de hoy el señor presidente de la República, Gustavo Francisco Petro Urrego, junto con el señor ministro de Defensa, Iván Velásquez Gómez, han designado al señor mayor general (r) Luis Emilio Cardozo Santamaría como nuevo comandante del Ejército Nacional”, señaló el Ministerio de Defensa en un comunicado de prensa.
Esta decisión en un momento tan coyuntural generó todo tipo de reacciones en la opinión pública. El senador Carlos Fernando Motoa, de Cambio Radical, señaló que no ve con malos ojos la salida del general Ospina.
“Es procedente la renuncia del general, pero también le compete una amplia responsabilidad al ministro de Defensa. Él también debería haber sido retirado del cargo”, le dijo Motoa a PUBLIMETRO COLOMBIA. Y agregó que Velásquez es el “responsable directo” de la seguridad del país. Adicionalmente, señaló que varios generales de la República con amplia trayectoria han sido “sacados” de su servicio por el presidente Petro. “Dejó a un lado la experiencia e improvisó en materia de seguridad como lo viene haciendo en todos los temas que le competen al Gobierno Nacional”, sostuvo Motoa.
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Mientras tanto, el representante a la Cámara del Pacto Histórico, Gabriel Becerra, indicó que la difícil situación de orden público en el suroccidente del país no está atada únicamente a los comandantes de las Fuerzas Armadas.
“El problema de la seguridad no depende única y exclusivamente del liderazgo de las personas que están al frente de las instituciones. El presidente de la República tiene un fuero para poner la primera línea de mando de nuestras Fuerzas Armadas. El general Ospina cumplió un papel, ya en la actualidad se considera que no puede seguir cumpliéndolo y respaldamos la decisión del presidente de cambiar al comandante del Ejército Nacional”, sostuvo Becerra.
Pero advirtió que lo que se necesita es consolidar una estrategia militar que sea capaz de estar articulada con los objetivos del Plan Nacional de Desarrollo. Y advirtió que además de garantizar la presencia de la Fuerza Pública, la población civil también debe gozar de la compañía de una política de asistencia social.
“La paz no se resuelve única y exclusivamente en el campo militar, la paz se construye si el Estado en su conjunto es capaz de llegar a los territorios, brindar soluciones a los problemas, resolver la situación de los cultivos ilícitos y militarmente también tener un control”, concluyó Becerra.
Por lo pronto, la paz total es una quimera para el Cauca. Al menos así lo muestran las cifras y los reportes de entidades privadas y públicas. Ayer el defensor del Pueblo, Carlos Camargo, aseguró que de cada diez reclutamientos forzados que se presentan en el país, ocho se dan en el Cauca.
Esta misma semana el Instituto de Estudios para el Desarrollo y la Paz (Indepaz) hizo un balance de la violencia en el departamento y también mostró cifras aterradoras. En lo que va del 2024, han sido asesinados 11 líderes sociales y tres firmantes de paz. Además, se han presentado cuatro masacres que han dejado 14 víctimas. Esto, sin contar los casos de desplazamientos, confinamientos forzados y las bajas que se han presentado en la Fuerza Pública.
Así mismo, hay una multiplicidad de actores armados que se enfrentan con las autoridades y afectan profundamente la vida de las comunidades. Según Indepaz, solo en el departamento del Cauca operan cuatro frentes del Emc (Jaime Martínez, Dagoberto Ramos, Carlos Patiño y el Frente 30 Rafael Aguilera), el Eln, la Segunda Marquetalia y otro grupo armado conocido como Frente 57.
Ya está identificado autor del atentado en Jamundí
Mención aparte merece la situación en el Valle del Cauca, donde también se ha presentado un incremento en la violencia armada durante los últimos meses. El lunes pasado se registró un atentado con una motobomba que mostró la gravedad del recrudecimiento del conflicto en esta región del país.
Poco después se conoció que el autor del atentado ya estaba identificado y se ofreció una recompensa de 50 millones de pesos para quien dé información que permita dar con su captura.
Ayer al término de una audiencia de seguridad la gobernadora del departamento, Dilian Francisca Toro, advirtió que requieren apoyo del Gobierno Nacional para combatir la violencia. “A nosotros nos toca en muchas oportunidades asumir todo lo que llega de la Policía, del Ejército. Necesitamos el apoyo del Gobierno Nacional en todo lo que tiene que ver con la tecnología para identificar a los delincuentes y judicializarlos”, indicó Toro.
Para el senador Motoa, sin embargo, el gobierno departamental tiene una responsabilidad considerable en la situación de orden público que atraviesa el departamento. “La anterior gobernadora (Clara Luz Roldán) no ejerció la autoridad que se requería, ni implementó las estrategias necesarias”, sostuvo Motoa.
Y concluyó que esta problemática también está estrechamente relacionada con el incremento de los cultivos ilícitos, las acciones delincuenciales de bandas y la minería ilegal.
Dato clave: Según la Defensoría del Pueblo, ocho de cada diez reclutamientos forzados que se registran en Colombia se dan en el departamento del Cauca.
